EFE.- Dos de los presuntos asesinos de Francisco Javier Barajas Piña, funcionario de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, fueron detenidos, informaron este jueves autoridades estatales.
“Los detenidos están vinculados a diversos eventos criminales y cuentan con múltiples órdenes de aprehensión”, informó la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado.
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Estos hombres fueron detenidos en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.
“Se ha logrado la captura de Rafael “N” y César Enrique “N”, quienes serán presentados ante un juez en las siguientes horas, para formular imputación y solicitar su vinculación a proceso”, detalló la Fiscalía.
Los detenidos portaban un arma de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. Asimismo, cuentan con historial de otros delitos de homicidio y desaparición de personas, por lo que ya son investigados por el Ministerio Público.
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Barajas Piña se unió a las tareas de búsqueda de personas a partir de que su hermana Guadalupe, quien era maestra de primaria, fuera reportada como desaparecida el 29 de febrero de 2020, en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato.
Los restos de Guadalupe fueron encontrados en una fosa clandestina en ese mismo municipio a finales de octubre del año pasado, aunque fue hasta febrero cuando la Fiscalía de Guanajuato identificó oficialmente su cuerpo.
Sin embargo, su hermano Javier siguió participando en los trabajos que llevan a cabo diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cual a la postre lo llevó a ser integrado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato.
Sin embargo, Barajas Piña fue asesinado a balazos el 29 de mayo en la zona centro del municipio de Salvatierra.
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Su asesinato derivó en que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenara el hecho e hiciera un llamado al gobierno de Guanajuato para el esclarecimiento del caso.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, indicó en su momento que el asesinato del activista era “particularmente grave” debido a que podría estar vinculado con sus actividades de búsqueda en la entidad. Además, advirtió que esto podría tener un efecto intimidatorio sobre autoridades y colectivos que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.
