La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este jueves su preocupación por los migrantes nacionales y extranjeros instalados en el campamento “El Chaparral“, en Tijuana, donde cerca de mil niñas y niños están en riesgo de sufrir abuso sexual y falta de alimento, además de vivir en hacinamiento, lo cual aumenta el peligro de contraer coronavirus.
El organismo señaló que muchos de estos menores son enviados a pedir dinero a la línea del cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, lo cual los convierte en “potenciales víctimas de abuso sexual”.
Lee también: Unicef lanza programa para ayudar a niños migrantes en la frontera entre EU y México
La CNDH también alertó que este campamento, ubicado en Baja California, recibe a personas desplazadas que huyen de la violencia criminal en Michoacán y Guerrero.
“Las personas migrantes se encuentran en condiciones de hacinamiento, falta de instalaciones sanitarias y riesgo de contagio del virus SARS-CoV2“, destacó la CNDH.
Además, recordó que el campamento “El Chaparral” lleva en funcionamiento poco más de cuatro meses, por lo que llamó a las autoridades responsables a establecer las medidas de seguridad y protección necesarias para garantizar los derechos humanos de los desplazados.
La población que radica en este campamento de Tijuana esperan noticias de las autoridades estadounidenses sobre la apertura de los procesos de asilo al otro lado del Río Bravo. Sin embargo, las condiciones no son óptimas para su salud, ya que recientemente fueron retiradas las regaderas y los baños, lo cual coloca a este campamento en un “grave conflicto sanitario”, advirtió la CNDH.
Puedes leer: Vacunan con dosis de Johnson & Johnson a migrantes centroamericanos en Tijuana
“Además, la falta de alimentación para aproximadamente tres mil personas que componen hoy el campamento ahonda su precaria condición. Tampoco se han instrumentado medidas efectivas y permanentes para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2“, aseguró la CNDH.
El 20 de marzo se emitieron medidas cautelares a las autoridades. Sin embargo, la dependencia aseguró que no ha habido “compromiso eficaz y completo para su cumplimiento por parte del gobierno del estado de Baja California, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la presidencia municipal de Tijuana”.
Informó que ya integra un expediente de queja ante la reiterada solicitud de las autoridades para actuar de forma oportuna y eficaz.
