EFE.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó este miércoles el asesinato del vocero y líder de la comunidad indígena yaqui, Tomás Rojo Valencia, cuyos restos fueron identificados el lunes pasado tras reportarse su desaparición el pasado 27 de mayo.
Hace dos días, la Fiscalía de Sonora confirmó que los restos hallados el 17 de junio en una fosa correspondían a Rojo Valencia, de 54 años.
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El cuerpo del defensor fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad de Vícam, en el municipio de Guaymas, Sonora.
Los familiares de Tomás Rojo Valencia aseguran que su homicidio se debió a su activismo en la región.
Por ello, la CNDH demandó a las autoridades “indagar de manera exhaustiva los asuntos mencionados, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de la víctima y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso”.
Además, llamó a garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos y a prevenir agresiones, incidentes y riesgos ya que estos “inhiben el ejercicio de su actividad” y, en muchos casos, desfavorecen las causas que defienden como, en este caso, los intereses y derechos de la comunidad yaqui.
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La CNDH calificó como “preocupante” la documentación de 69 homicidios de personas defensoras de derechos humanos desde el año 2006 y señaló que el caso de Rojo Valencia es el noveno en lo que va de este año.
En 2010, el líder yaqui encabezó una serie de protestas por el agua en Sonora, que se desató cuando el gobierno del estado anunció la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la capital, Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300 mil personas y que arrancó operaciones en 2013.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ambientalistas y líderes sociales, con 170 personas defensoras de derechos humanos y dos luchadores sociales desaparecidos de 2006 a mayo de 2020, según la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.
