Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los Juzgados de Almoloya de Juárez enviarle copias certificadas de las solicitudes de orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Con motivo de la controversia constitucional 70/2021 el ministro Juan Luis González Alcántara solicitó a los titulares de los Juzgados de Distrito Especializados de Almoloya de Juárez que informen si han dictado alguna orden de aprehensión en contra del mandatario estatal y, en su caso, también reenviar copias del expediente respectivo.
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El acuerdo, dado a conocer este lunes por la SCJN, se firmó desde el 31 de mayo y apenas se notificó de la resolución por lo que las autoridades del poder judicial tienen un plazo de tres días hábiles para dar cuenta de la solicitud.
El pedido que hizo el ministro González Alcántara es parte del proceso de la Suprema Corte para determinar si se admite a trámite la controversia que presentó el Congreso de Tamaulipas sobre la orden de aprehensión contra el gobernador.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la FGR para desaforar a García Cabeza de Vaca y ordenó nombrar a un gobernador sustituto.
El Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó ese mismo día homologar la declaración de procedencia y presentó una controversia constitucional para que la Suprema Corte se pronunciara sobre la disputa de competencias.
Una semana después, la FGR informó que un juez emitió una orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca a pesar de que la Corte consideró que los legisladores de Tamaulipas no incurrieron en una ilegalidad al mantener la inmunidad procesal del panista.
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García Cabeza de Vaca es investigado por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El pasado 24 de mayo un juez suspendió de manera provisional la orden de detención en contra del gobernador de Tamaulipas, según registros del Consejo de la Judicatura Federal.
La medida es contra delitos que no ameritan prisión preventiva, es decir, que no son considerados graves. Al ser investigado por delincuencia organizada, la suspensión sólo lo protege contra la acusación por lavado de dinero.
