Senadoras de Morena presentaron un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Hidalgo un informe de las investigaciones sobre la muerte de la doctora Beatriz Hernández, ocurrida mientras estaba bajo custodia policial en el municipio de Progreso de Obregón.
Martha Guerrero y Ana Lilia Rivera, legisladoras de Morena que presentaron el punto de acuerdo, además urgieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Hidalgo a “no dejar impune este hecho y realizar las acciones necesarias en contra de quienes resulten responsables de la muerte de la doctora”, expresaron en un comunicado.
Las senadoras también señalaron que “resulta alarmante que servidores públicos del Municipio de Progreso de Obregón, adscritos como policías y administrativos, se encuentren detenidos por su probable participación en la muerte de la doctora Beatriz Hernández”.
Esto, debido a que “de las 64 mil 150 personas que participaron en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, 75 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, como ser desvestido o asfixiado”, explica el comunicado.
El pasado 17 de junio, la jueza de control Rosa María López Aguilar determinó que la causa del fallecimiento de la doctora Beatriz Hernández fue un suicidio y no un feminicidio.
Durante la audiencia, se mostró un video que mostraba a la joven de 29 años colocando una tela blanca alrededor de su cuello, para luego subir por los barandales de la galera y entonces dejarse suspender. Según el dictamen médico presentado ante la jueza, Beatriz murió por asfixia mecánica por suspensión incompleta.
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Con base en esta información, la jueza determinó además que, por las omisiones cometidas, los sietes policías de Progreso de Obregón detenidos cometieron omisiones para preservar la vida e integridad de la joven, por lo que decidió vincularlos a proceso por homicidio culposo.
En una rueda de prensa, el fiscal de Hidalgo, Raúl Arroyo, dijo que si bien se investigó inicialmente el caso bajo protocolos de feminicidio, tras la muestra de pruebas se reclasificó a homicidio culposo porque los agentes involucrados, tres mujeres y cuatro hombres, no provocaron la muerte directa de la doctora.
Durante la conferencia, el procurador de justicia señaló que se obtuvieron datos de prueba adicionales, entre ellas videograbaciones de la retención primaria de la policía municipal de Progreso de Obregón, con las que se basó la jueza para reclasificar el delito contra los siete policías.
“(Se) permitió apreciar que la muerte no fue producto de una acción directa, motivo por el cual esta representación social solicitó la reclasificación del delito y vinculación a proceso de las personas que tenían obligación de preservar la vida e integridad de la víctima”, indicó Raúl Arroyo.
