Violencia política contra mujeres, amenazas contra candidatos, coacción del voto y falta de acceso a las casillas para personas con discapacidad, son algunos de los problemas que identificaron las organizaciones que participaron en la observación electoral del pasado 6 de junio.
Durante la presentación de conclusiones preliminares, Horacio Vives, integrante del Comité Técnico de Evaluación, aseguró que era muy importante conocer “cómo se daban estas elecciones y bajo qué condiciones de libertad e información”, pues consideró que el fraude electoral es un tema que “ya quedó superado”.
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“El fraude está completamente erradicado, las casillas se instalan, los funcionarios de casilla que son seleccionados y que tienen las atribuciones ahí están, son los vecinos los que están vigilando el desarrollo de la jornada, es algo que ya está superado”, afirmó.
Mariana Niembro, representante de la organización Borde Político A.C. reconoció que, aunque por primera vez en la historia de México seis mujeres gobernarán sus estados, las recientes elecciones se vieron empañadas por la violencia de género.
“Esta violencia se manifestó de diferentes formas como feminicidios, ataques en redes sociales, secuestros, amenazas, discursos discriminatorios, afectación de material de campañas, entre otros. Tenemos un problema de cifra negra que tenemos que afrontar desde sus múltiples causas”, señaló en conferencia de prensa.
Resaltó que a través de una alerta, a la que la organización denominó como “chatbot”, se iniciaron 40 reportes, de los cuales 26 concluyeron ante autoridades electorales, mientras que tres de las cinco denuncias penales ante el Ministerio Público no tuvieron avances.
“Las denuncias a través del chatbot se concentraron en estados como Sonora y Guerrero con 11 y seis casos respectivamente, también se generaron un par de reportes en Baja California y Chiapas y un reporte en Nuevo León y Ciudad de México. Cuando las candidatas o sus equipos denunciaron; la mayoría eran amenazas, pero no tienen identificados a los agresores”, comentó.
María del Carmen Gutiérrez de Fundación Zícaro manifestó que durante su observación electoral en los municipios de Tecolutla y Gutiérrez Zamora, Veracruz, “los vigilantes tuvimos que bajar nuestro perfil, debido al clima de violencia que hay en la localidad”.
Por su parte, Eduardo Martínez de Dinamismo Juvenil A.C. destacó que desde el inicio del proceso electoral, por lo menos 99 personas fueron asesinadas y se tuvieron alrededor de 900 reportes relacionados con actos violentos.
Acusó que en el 22% de las 158 casillas que visitaron, se identificaron conductas tendientes a generar presión o coacción sobre el electorado.
“En el Estado de México identificamos el apoyo que se da con el salario rosa, nosotros identificamos que fue el que se estuvo promoviendo para la coacción del voto. En Hidalgo fueron las despensas, el apoyo a equipos de construcción, láminas, material de construcción, pero lo vimos más en Estado de México en el caso del PRI con el salario rosa”, dijo.
Agregó que los partidos políticos no están dispuestos a incluir a la población indígena en sus candidaturas, ni en sus propuestas, incluso “la gran mayoría no conocía a los partidos ni a candidatos indígenas en su región, principalmente por la falta de acceso a internet”.
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En tanto, Gabriel Funes de Sociedad en Movimiento A.C. dijo que presentará una propuesta de sensibilidad ciudadana y correcta aplicación de protocolos para las personas con discapacidad, pues en el desarrollo de la observación se identificó que en algunas casillas hubo obstáculos, por desconocimiento de los funcionarios de casilla.
“En una casilla que está identificada, por desconocimiento, no se quería permitir el voto a una persona que recientemente le habían amputado el brazo, pero la presión de los mismos ciudadanos al final permitió que se hiciera de esa manera. No hay propuestas en las campañas políticas para personas con discapacidad, la mayoría no sabe a dónde dirigirse para mejorar los procesos electorales para personas con discapacidad”, puntualizó.
