José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó este miércoles como “disparates” el comunicado conjunto que México y Argentina publicaron sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.
“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, escribió Vivanco a través de su cuenta de Twitter.
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En el texto en conjunto, aunque se condena la detención de figuras políticas de oposición, critica a “ los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos”.
“No nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta. Agradecemos el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros y hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano”, se lee en el comunicado conjunto.
Este martes, 26 países miembros de la OEA aprobaron una resolución en la que exigieron al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la liberación “inmediata” de los presos políticos, entre los que se encuentran cuatro aspirantes presidenciales.
La iniciativa, impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, superó sin problema la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada al recibir el respaldo de 26 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo, pero no participa en él desde 1962).
En contra votaron la propia Nicaragua, el gobierno izquierdista del presidente boliviano, Luis Arce, y San Vicente y las Granadinas, aliado de Caracas. Además, se abstuvieron de votar cinco países: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.
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En respuesta a la resolución, el embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno.
Por ello, avisó que el gobierno de Ortega no reconoce la legitimidad de la resolución y rechaza cualquier “intromisión” de la OEA por considerar que actúa bajo las órdenes de Washington.
Con información de agencias.
