Colombia condena detención de opositores en Nicaragua; pide que haya elecciones libres

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Foto: Facebook

EFE.- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, mostró este martes su preocupación por la detención de cuatro candidatos presidenciales en Nicaragua y otros opositores, y pidió unas elecciones transparentes, democráticas y libres en el país centroamericano.

Durante un foro informativo en Madrid, Ramírez consideró que es necesario “respaldar el llamado que se está haciendo a que haya una elección transparente, democrática y libre del pueblo nicaragüense”.

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“El silencio no es la mejor reacción. A todos nos debe interesar una América Latina comprometida con el desarrollo económico, las libertades y la democracia“, afirmó Ramírez, ante una pregunta sobre la situación política que vive Nicaragua.

“Es importante fortalecer la institucionalidad porque es la manera de cerrar el riesgo a que el narcotráfico y tantas formas de ilegalidad siga encontrando cabida en Colombia y en América Latina“, concluyó la vicepresidenta colombiana, que desde el pasado mes de mayo es además canciller de su país.

Las autoridades nicaragüenses han detenido en lo que va de mes a cuatro aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a otros opositores y dos históricos exguerrilleros.

En cinco meses se realizarán los comicios en los que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

Ayer, el gobierno de Nicaragua defendió los arrestos de líderes opositores, y advirtió que verá “un ataque frontal” a su soberanía cualquier intento “de socavar una investigación” contra los líderes opositores detenidos en los últimos días.

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En un pronunciamiento titulado Nicaragua: En defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho, el Ejecutivo nicaragüense afirmó no ser “una amenaza para ningún país del mundo” y demandó el cese de las sanciones internacionales que, en tiempos de pandemia, “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.

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