La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar los documentos en los que se detallan las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht en el país, así como los tipos de sanción, y en el caso de las multas, si fueron o no cubiertas, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La decisión del INAI se dio en respuesta a un recurso de revisión presentado por una persona contra Función Pública, luego de que le solicitara a esta dependencia la información de los sancionados en el país por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, y recibiera información general “y no los documentos que dan cuenta de sus acciones para sancionar a servidores públicos y proveedores involucrados”, se lee en el comunicado emitido por el órgano autónomo.
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Con el fallo de los comisionados del INAI, la SFP deberá hacer una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio amplio en todas las áreas competentes, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida, pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información solicitada.
Sobre la solicitud de la persona que hizo a la SFP, el Inai detalló que la dependencia, por conducto de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, informó que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.
Asimismo, la dependencia indicó que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El INAI señaló que, en México, a partir de abril de 2020, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal.
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“Además, en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, consistente en inhabilitarlo por 10 años para su desempeño en cargos públicos y es investigado actualmente por la Fiscalía General de la República”, indicó el INAI.
