La Fiscalía General de Justicia (FGJ) en Sinaloa informó que nueve personas fueron privadas de su libertad en los municipios de Culiacán y Badiraguato durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, por lo que se iniciaron siete carpetas de investigación a fin de dar con los responsables.
De acuerdo con el fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, las nueve personas retenidas, fueron liberadas posteriormente, y son atendidas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
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“Nosotros no paramos, no cerramos, nos unimos a la solidaridad institucional por la aparición de estas personas desaparecidas, y bueno también decir que de manera coadyuvante estamos trabajando con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, hemos estado en intercambio de información”, agregó el funcionario.
La madrugada del sábado 7 de junio, el secretario de organización del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán, fue privado de su libertad en Culiacán.
“Condenamos enérgicamente la privación de la libertad de nuestro gran amigo y compañero José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del Comité Directivo del PRI. A su familia nuestra total solidaridad y respeto, no están solos”, dijo en una conferencia de prensa la secretaria general del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela.
La Fiscalía señaló que además, se iniciaron 25 carpetas de investigación, de las que 21 corresponden al apoderamiento ilegal de materiales y documentos públicos electorales como urnas y boletas, los cuales ocurrieron en diversas localidades, ejidos y sindicaturas del municipio de Ahome.
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Tres carpetas corresponden al presunto apoderamiento ilegal de materiales y documentos públicos electorales, en el municipio de Guasave y una, al apoderamiento ilegal de credenciales de elector, en el municipio de Escuinapa.
De acuerdo con el informe de la FGJ de Sinaloa, se iniciaron 12 carpetas de investigación, con motivo de denuncias interpuestas por escrito por diversos hechos como campañas negras, probable uso de recursos públicos, de programas sociales y presunto apoyo a campañas en horario de labores.
