EFE.- Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajó a Colombia para realizar, entre el 8 y el 10 de junio, una visita a varias ciudades afectadas por la violencia a fin de verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos y reunirse con el gobierno.
La esperada visita será un viaje de tres días donde la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, acompañada de varios altos cargos, se reunirá con “diversos sectores representativos de la sociedad colombiana”, tanto gubernamentales como de la sociedad civil.
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Un grupo de la misión se trasladará a Cali, Popayán, Tuluá y Buga, en el suroeste del país y donde se han visto las escenas más preocupantes durante las protestas. Esta visita se produce después de que el gobierno anunció ayer una “profunda transformación” de la policía colombiana para adecuarse al marco internacional de derechos humanos.
“En la ocasión se buscará especialmente escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones”, informó la CIDH.
El primer encuentro de la CIDH fue hoy, antes de la gira oficial, con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien explicó que “ha sido una reunión de instalación solicitada por el Estado colombiano”.
La funcionaria puntualizó que la audiencia tiene, entre otros objetivos, que la Fiscalía, así como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia entreguen informes a la comisión “de lo que ha sido el actuar de cada una de esas entidades” de lo ocurrido a partir del 28 de abril, cuando comenzaron las protestas y con ellas las denuncias de brutalidad policial.
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La vicepresidenta, en declaraciones a la prensa luego de esa reunión, reiteró que el gobierno colombiano es respetuoso de las protestas pacíficas y brinda todas las garantías para su desarrollo.
Sin embargo, aseguró que desde el 28 de abril Colombia ha estado “realmente bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta válida de muchos jóvenes para generar desconcierto, caos, destrucción”.
Desde el comienzo de las protestas, la Fiscalía de Colombia ha reportado 20 muertos. Organizaciones sociales como Temblores elevan el número a 74 fallecidos y culpan directamente a la policía en 45 de ellas, la mayoría de ellas ocurridas en Cali.
Esta organización también ha reportado casi 3 mil 800 casos de violencia policial, mil 649 detenciones arbitrarias, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, 65 víctimas con lesiones oculares y 25 víctimas de violencia sexual.
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También hay mucha preocupación por la cantidad de reportes de desaparecidos, ya que la fiscalía de ese país sigue teniendo abierta la búsqueda de 111 personas, y organizaciones de base reportan números más elevados y jóvenes que llegan, después de varios días retenidos por la Policía, con lesiones de supuestas torturas.
Mientras tanto, el alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo a la agencia de noticias Efe que en la reunión expresó el ánimo del presidente de cumplir con los acuerdos con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante las protestas, una de las peticiones que le hacen al gobierno colombiano es acelerar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en 2016, tras lo cual se convirtieron en el partido político Comunes.
