La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió, por unanimidad, negar el trámite extemporáneo de la credencial para votar a Alejandro González Iñárritu, luego de que el cineasta mexicano solicitara su trámite de reposición 100 después del plazo establecido por el INE.
Los magistrados electorales consideraron que no era posible avalar la solicitud del ganador de cuatro Premios Oscar, de actualizar sus datos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) fuera de los plazos establecidos, pues esto implicaría “movimientos en el padrón electoral que inciden en la lista nominal”.
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El director de Amores Perros y Birdman había solicitado al INE una copia de su credencial con fotografía para poder votar en las elecciones del próximo 6 de junio.
De acuerdo con el expediente SCM-JDC-1476/2021, el TEPJF tampoco encontró algún motivo para considerar que González Iñárritu “estuviera en una situación de vulnerabilidad que ameritara alguna medida de protección especial”.
El 21 de mayo, el director de cine acudió a un módulo del INE para hacer la corrección de datos personales y para que le expidieran su credencial para votar, trámite que le fue negado, dado que plazo para hacerlo se venció el 10 de febrero, es decir, 3 meses y 11 días antes.
Ante esto, el cineasta decidió promover un juicio para la defensa de sus derechos político-electorales el mismo 21 de mayo ante el TEPJF para impugnar la decisión de INE de negarle el trámite.
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En una sesión virtual realizada este miércoles, los magistrados decidieron que “el agravio del actor (Alejandro González Iñárritu) es infundado, porque solicitó la expedición de su credencial fuera del plazo establecido para tal efecto, pues la fecha límite para realizar ese trámite fue el 10 de febrero, y realizó su solicitud el 21 de mayo siguiente”.
González Iñárritu fue uno de los principales defensores del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), un fideicomiso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiso desaparecer el año pasado para cumplir con las políticas de austeridad ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.
