La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó este lunes que el gobierno garantizará la seguridad durante las elecciones del próximo 6 de junio, a pesar de que en México se registran 89 asesinatos relacionados al reciente proceso electoral.
Sánchez Cordero se reunió esta tarde con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para expresarles su disposición para coadyuvar en los comicios conforme a las atribuciones legales de la dependencia y en el marco del respeto a la autonomía de la autoridad electoral.
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La secretaria de Gobernación insistió en que los ataques contra candidatos no son un problema generalizado, sino “acciones de violencia focalizadas”.
Aseguró que desde el pasado viernes y hasta ayer domingo, no se registraron casos de violencia, a pesar de los cierres de campaña que se realizaron en todo el país.
Durante la reunión, también se comprometió a mantener el diálogo con el INE como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante y luego de las elecciones.
Por su cuenta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, agradeció la disposición de la Segob, al tiempo que precisó que el 99.6% de las más de 162 mil casillas ya cuentan con los funcionarios requeridos para operar.
Córdova Vianello insistió en que las próximas elecciones serán un proceso libre e incluyente tras considerar que los ciudadanos se han apropiado del proceso electoral.
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“Permítame compartirle las cifras que tenemos al último corte y que nos permiten esperar una participación copiosa en las urnas el príxomo 6 de junio, cifras que no se tenían a estas alturas en procesos pasados y que, incluso, anticipan que habrán de superar colocándola como las más observada y vigilada”, añadió.
Asesinatos de políticos
De acuerdo con el análisis más reciente de la consultora Etellekt, durante este proceso electoral se ha reportado el asesinato de 89 políticos en el país.
Del total, 35 eran aspirantes o candidatos a puestos de elección popular y el 89% de estos eran opositores de los gobiernos locales por los que competían.
De esta cantidad 30 competían por cargos municipales, cuatro por diputaciones estatales y uno más aspiraba por una diputación federal.
Del total de las 89 víctimas mortales durante el proceso electoral, 14 eran mujeres, de las cuales siete eran aspirantes y candidatas a puestos de elección popular.
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Los tres delitos de los que han sido víctimas los candidatos y aspirantes son en primer lugar amenazas, seguido por homicidio doloso y luego por infracciones contra la dignidad, según Etellekt.
