AP.- El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió a la política de “abrazos no balazos” de México al secuestrar a varios miembros de una fuerza policial de élite en el estado de Guanajuato a quienes torturó para obtener nombres y direcciones de compañeros oficiales. Ahora los está persiguiendo y matando en sus casas.
Es un tipo de ataque directo a oficiales que rara vez se ve fuera de las naciones más plagadas de pandillas de Centroamérica y representa un desafío hasta ahora para la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles.
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“Si quieres la guerra, tendrás una guerra. Ya hemos demostrado que sabemos dónde se encuentra. Venimos por todos ustedes”, se lee en una pancarta que fue firmada por el CJNG en un edificio en Guanajuato.
“Por cada miembro de nuestra firma (CJNG) que arresten, vamos a matar a dos de sus Tácticos, donde sea que estén, en sus casas, en sus vehículos de patrulla”, decía la pancarta encontrada en este mes de mayo.
Los funcionarios de Guanajuato, el estado más violento de México, donde Jalisco lucha contra las pandillas locales respaldadas por el cártel rival de Sinaloa, se negaron a comentar sobre cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora.
Pero la policía estatal reconoció públicamente el caso más reciente, un oficial que fue secuestrado en su casa el jueves, asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera.
El analista de seguridad con sede en Guanajuato, David Saucedo, dijo que ha habido muchos casos. “Muchos de ellos (oficiales) han decidido desertar. Se llevaron a sus familias, abandonaron sus casas y están huyendo y escondiéndose ”, expresó. “El CJNG está cazando a la fuerza policial de élite de Guanajuato”, añadió.
Es difícil encontrar el número de víctimas, pero Poplab, una cooperativa de noticias en Guanajuato, dijo que al menos siete policías han sido asesinados en sus días libres en lo que va del año. En enero, hombres armados fueron a la casa de una mujer policía estatal, mataron a su esposo, se la llevaron y la torturaron para después arrojar su cuerpo acribillado a balazos.
El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios penitenciarios.
“Lamentablemente, grupos del crimen organizado se han presentado en las casas de los policías, lo que representa una amenaza y un mayor riesgo de muerte, no solo para ellos, sino para sus familiares”, según el decreto.
Los funcionarios estatales se negaron a describir las medidas de protección, o comentar si se les pagaría a los oficiales para alquilar nuevas casas, o si había planes para construir complejos residenciales especiales seguros para ellos y sus familias.
