EFE.- El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este viernes “el máximo despliegue” de la asistencia militar para el departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, que hoy vivió una nueva oleada de violencia durante el sexto “paro nacional” en el que murieron al menos tres personas.
“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle“, expresó Duque en una declaración desde esa urbe, donde lidera un consejo de seguridad para atender la situación.
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Bajo la figura de “asistencia militar“, los soldados están desplegados en varias de las principales ciudades del país hasta que cesen los hechos que alteran el orden público y que comenzaron exactamente hace un mes.
El anuncio se da al tiempo de que la presión en las calles de Colombia se mantiene con algunos focos de violencia cuando se cumple un mes del inicio de las manifestaciones antigubernamentales más concurridas de las últimas décadas en el país sudamericano y han dejado más de 40 fallecidos y 2 mil 200 civiles y policías heridos.
“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.
El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación formal entre las partes. Los manifestantes piden que el gobierno de Colombia se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.
“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías”, indicó el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
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Las protestas del viernes se tornaron violentas especialmente al suroeste del país: en Popayán un grupo de personas intentó incendiar el edificio de la alcaldía, mientras que en Cali se reportaron tres personas muertas.
El fiscal general, Francisco Barbosa, informó que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución y quien en el momento de los hechos estaba en su día de descanso. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, explicó Barbosa en una declaración oficial.
Al centro del país, en Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por los hechos violentos e hizo un llamado “urgente a desescalar la situación”.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.
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El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la comisión en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.
El gobierno de Colombia mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más mil disturbios, capturado mil 61 personas e incautado mil 198 armas de fuego y 31 mil armas punzocortantes.
