Hugo Eric Flores, presidente nacional de Encuentro Solidario (PES), pidió la reimpresión de la totalidad de las boletas para la elección de alcalde en Tijuana luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara resolvió que Julián Leyzaola Pérez mantiene sus derechos político-electorales vigentes y puede ser el candidato del PES.
“La autoridad electoral nacional tiene facultades también sobre las elecciones a nivel local y estamos solicitando a ambas instancias que se reimpriman las boletas, nos parece que es de justicia y si en muchos lados del país se están reimprimiendo, estamos solicitando que en Tijuana se puedan reimprimir la totalidad de las boletas para que Julián Leyzaola aparezca en ellas”, dijo Flores en una conferencia la tarde del viernes.
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Flores publicó horas antes un video de Leyzaola en su cuenta de Twitter. En la grabación, el militar en retiro asegura que “para conseguir justicia en Baja California uno tiene que salir del estado” y llama a sacar al gobierno actual en las próximas votaciones.
“Tenemos candidato, el Tribunal Regional de Guadalajara ha resuelto que los motivos para evitar el registro de Julián Leyzaola en Tijuana son infundados. Basta de tener que salir del estado para que se haga cumplir la ley, mejor saquemos al mal gobierno de Baja California”, escribió Flores en su cuenta de Twitter en un mensaje que acompañó con el video de Leyzaola.
Tras más de 50 años de gobiernos del PAN y del PRI, Tijuana actualmente es gobernada por Karla Ruiz McFarland, de Morena.
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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Julián Leyzaola tiene una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada desde junio de 2020, por el presunto delito de tortura a dos expolicías. Sin embargo, los magistrados de la Sala Regional resolvieron que Leyzaola Pérez cuenta con una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.
Leyzaola fue secretario de Seguridad Pública de Tijuana y en 2013 fue inhabilitado por ocho años para ejercer un cargo público en el estado por haber incurrido en violaciones a los derechos humanos fundamentales, en su modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, cuando estuvo al frente de la corporación preventiva en Tijuana, según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California.
