Los recortes presupuestarios de la “austeridad republicana” ya habían impactado a las instituciones de atención a las mujeres y el derecho a la impartición de justicia y con la llegada de la pandemia de la Covid-19 aumentó la violencia contra este sector.
Abril del 2020, el primer mes del confinamiento, fue el peor con el registro de 11 asesinatos de mujeres al día; a esto se sumó la falta de acceso a la salud que dejó un aumento del 30% en los casos de muerte materna.
Te puede interesar: Vacunación contra Covid-19 a mujeres embarazadas en CDMX arranca este miércoles; este el proceso de registro
El Observatorio Género y Covid-19 en México presentó el informe “Nos cayó el 20” en el que las representantes de los tres ejes que abarca el diagnóstico (bienestar, salud y violencia y acceso a la justicia) destacaron la importancia de una correcta implementación en las políticas públicas, pues pese a que quedaron establecidos espacios para que las mexicanas pudieran enfrentar la pandemia en mejores condiciones, esto no ocurrió.
Isabel Fulda, de GIRE A.C. explicó que pese a que los derechos de las mujeres se vieron priorizados durante la pandemia, por ejemplo, con la no reconversión de ciertos hospitales y centros de salud para la atención de la Covid-19 y se mantuvieron como materno-infantiles, aumentó en un 30 por ciento la muerte materna.
Adelantó que el Consejo Nacional de Población (Conapo) espera que haya un aumento de más de 20 mil casos de embarazos no deseados en niñas y adolescentes relacionados con la violencia sexual y la falta de acceso a la salud reproductiva. Esta cifra significaría que casi el 15% de los embarazos estimados sería de niñas y adolescentes.
Además puntualizó que se desconoce, en gran medida, las condiciones en las que viven actualmente las mujeres en instituciones psiquiátricas o en condición de cárcel, pues no han podido ser monitoreadas durante la pandemia por las restricciones impuestas. Las organizaciones sociales que militan en este sector piden que se priorice a estos grupos en la campaña de vacunación.
Fulda destacó que durante la pandemia no se llevó información a las comunidades indígenas y afroamericanas en sus lenguas y por tanto el acceso a la salud fue desigual.
“Ha sido una grave crisis de salud. Estos problemas no necesariamente son nuevos, pero se han agravado con la pandemia”, dijo y responsabilizó a los gobiernos de la falta de acción y omisión, así como por la reducción de presupuestos.
Lee también: Mujeres ocupan sólo el 6% de los puestos mejor pagados en la administración federal, revela el IMCO
Indra Rubio, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, explicó que mientras que en el país un 5.8% de las personas empleadas se quedó sin trabajo el impacto fue más crudo para las mujeres, pues la cifra casi se duplicó.
Dijo que con el desempleo y con el cierre de estancias infantiles, sólo como dos ejemplos, aumentó la carga de cuidados para las mujeres. Pero las mexicanas que mantuvieron su empleo vieron un aumento en las obligaciones de cuidados en el hogar, al hacerse cargo también de labores de limpieza y del cuidado de las familias.
“Vimos rebasados a nuestros gobiernos para una atención expedita ante el mismo virus”, detalló Rubio y lamentó también el retraso para la procuración de bienestar para la población.
Rubio urgió a la creación de un sistema universal de cuidados en México para que esta carga no recaiga en las mujeres. Aunque destacó la discusión en la Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional el “derecho a ser cuidado”, recordó que esta no se ha dado en el Senado.
Sobre el trabajo de cuidados remunerado, específicamente en las mujeres trabajadoras del hogar, destacó que sólo una de cada 10 tiene un contrato y seguridad social. Ante esto pidió la realización de un padrón local y nacional que tenga datos abiertos y que contemple la interculturalidad de este sector.
Además, solicitó que se garantice el derecho a la educación sexual antes y después de la pandemia.
Lee también: Mujeres de lengua indígena son más propensas a repetir ciclos de pobreza, asegura el Inegi
Katia Guzmán, de la asociación México Cómo Vamos, denunció la existencia de subejercicios presupuestarios y recorte presupuestario, lo que pudo impactar en la ejecución de los programas sociales.
Geras Contreras, de la organización Equis Justicia para las Mujeres A.C., destacó que debido a la violencia las mujeres vivieron una “doble pandemia”. En el apartado de seguridad del informe, dijo, se da cuenta que abril de 2020 fue el mes más violento para las mujeres llegando a ocurrir 11 asesinatos al día. A esto sumó que el uso de armas de fuego en estos delitos también aumentó.
En marzo y abril subieron un 12% las llamadas de auxilio y se duplicaron las llamadas a la línea de auxilio de mujeres de la Ciudad de México, explicó. En total, aumentó un 8% la violencia en los hogares.
Las trabajadoras sexuales perdieron su medio de sustento, dijo Contreras, por lo que este sector se vio fuertemente afectado al tener 4 o más personas dependientes económicas. Relató que la realidad de estas mujeres las obligó a vivir en situación de calle. A esto se sumó que al reanudar su labor las agresiones por parte de los agentes de justicia crecieron.
Explicó que durante la contingencia sanitaria disminuyó el personal de las instituciones de impartición de justicia, situación que también impactó el acceso de las mujeres a ésta debido a la falta de reglas claras.
Te puede interesar: Mujeres en México dedican más del doble de tiempo que los hombres a tareas del hogar, señala IMCO
En este caso, pese a que la indicación federal era no perder los avances en el tema, no se tradujo en una implementación efectiva, pues muchos de los servicios se debían realizar en línea, ignorando la brecha digital que hay en el país, dijo. Por otro lado, la atención presencial se vio obstaculizada para el acercamiento a las instituciones.
La “austeridad republicana” dirigió los recursos al sector castrense, aseguró Contreras, en tanto que el recorte del 75% del recurso en la administración federal impactó directamente a los programas de ayuda para las mujeres. Por ejemplo, las casas de protección para mujeres indígenas desaparecieron.
Reconoció que el Congreso de la Nación solicitó vigilancia para que los recursos dirigidos a la protección de las mujeres no mermaran, pero solicitó que se garantice la existencia de casas de refugio, además que se trabaje en un diálogo entre estados para conocer las realidades de violencia nacional y que se asegure la accesibilidad a la justicia, además de integrar medidas de protección que no requieran o no solo signifiquen herramientas virtuales.
