El juez Juan Pablo Gómez Fierro emitió tres nuevas suspensiones definitivas a favor de ocho empresas que solicitaron medidas cautelares contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas a las que se concedió ayer la suspensión definitiva son: Petrotal, Cimagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comylub, Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, Servicio Villa de Arista y Tiger Fuel.
No te pierdas: “Si Pemex no controla distribución de combustibles, seguirá el huachicol”, dice AMLO sobre Ley de Hidrocarburos
Si bien en las resoluciones se especifica que las suspensiones son para ciertos artículos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el juez Gómez Fierro determinó otorgar a todas ellas la suspensión de carácter definitiva.
El juez señala que la aplicación de estas reformas podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Las suspensiones mencionadas están dentro del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con los números de expediente 1008/2021, 1010/2021 y 1016/2021. Seis de las ocho empresas están incluidas en el primer folio.
Te recomendamos leer: Jueces conceden las primeras seis suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos
Estas ocho suspensiones definitivas se suman a las seis que otorgaron anteriormente los jueces Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez Fierro.
Ambos árbitros reguladores también han otorgado suspensiones definitivas al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), propuestas por el presidente López Obrador.
La reforma a Ley de Hidrocarburos busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) en eslabones de la cadena de valor de hidrocarburos donde participan empresas privadas como almacenamiento, transporte, distribución y venta en estaciones de servicio.
Especialistas advierten que esta modificación viola la Constitución y tratados comerciales al afectar la competencia y libre concurrencia.
