Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron este domingo una iniciativa de reforma mediante la cual buscan homologar el proceso de desafuero del presidente de la República con el de los demás funcionarios públicos a fin de evitar que el mandatario en funciones tenga “un procedimiento especial”.
La iniciativa pretende modificar el artículo 111 constitucional, pues los legisladores del PRI señalaron que el presidente de México conserva el fuero y la Constitución lo protege contra cualquier tipo de acusación, ya que antes de la procedencia de juicio en su contra debe ser aprobado por el Senado de la República.
Los integrantes del Revolucionario Institucional en el Pleno de San Lázaro dijeron que la Constitución establece los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, por lo que consideraron que el presidente no debería gozar de privilegios en cuestión de desafuero
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“Se debe seguir el mismo procedimiento a todos los servidores públicos, sin privilegios”, puntualizaron los priístas Dulce María Sauri, Mariana Rodríguez Mier, Claudia Pastor, René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, quienes presentaron la iniciativa.
De este modo, los priístas proponen que, en caso de que existan acusaciones contra el presidente, sea la Cámara de Diputados quien resuelva durante la declaratoria de procedencia, si “ha lugar” para poner al inculpado ante las autoridades competentes.
“Dando cauce jurídico al mandato constitucional de que en caso de que cometa algún ilícito, pueda ser imputado y juzgado”, establecieron los diputados del PRI en su iniciativa.
También añadieron que, con la actual reforma de 2020, el presidente de México sólo puede ser juzgado por dos tercios de los senadores que se convierten en jurado de sentencia, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 110 de la Carta Magna.
En este sentido, desmintieron que el fuero presidencial haya sido eliminado, aspecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones, pues según los legisladores del PRI el Ejecutivo federal mantiene la inmunidad procesal para el cargo.
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