FOTO: Captura de video del Facebook de Morena Tlaxcala.
Los dirigentes de los partidos de la coalición de Morena, PT, PVEM, Panal y PES en Tlaxcala presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) contra el gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, por presuntos delitos electorales.
En conferencia de prensa realizada este domingo, Armando Contreras Castillo, delegado del CEN de Morena y responsable de la Cuarta Circunscripción electoral, explicó que la denuncia es por el uso de recursos públicos por parte del gobernador del estado y los titulares de diversas dependencias para favorecer la campaña de Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura de la coalición PRI-PAN-PRD-PS-PAC Unidos por Tlaxcala.
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“Lo anterior (la presentación de la denuncia) de diversos hechos que fueron puestos del conocimiento de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, los cuales se han documentado y advierten la comisión de delitos en materia electoral, así como del fuero común por el probable uso indebido de recursos públicos que podrían corresponder a programas que ejecuta el gobierno del estado con fondos federales, en beneficio de campañas de su partido”, dijo Contreras Castillo.
En la denuncia, presentada el 15 de mayo, se incluyen a los funcionarios estatales Eduardo Vargas Farías, secretario de Fomento Agropecuario; René Lima Morales, titular de Salud; Roberto Lima Morales, secretario de Educación Pública; así como contra Ávalos Zempoalteca, la candidata de Unidos por Tlaxcala.
“De existir la muy probable aplicación de recursos públicos a la campaña de Anabell Ávalos, esto generaría un hecho delicado que afectaría de manera grave el proceso electoral, particularmente la elección a la gubernatura”, dijo el delegado de Morena.
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Los dirigentes de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala hicieron un llamado a las autoridades locales de abstenerse a participar “abiertamente” en el proceso electoral con el uso de recursos públicos, pues de corroborarse éstos, “se estaría ante una posible coacción del voto de los electores a través del uso de fondos públicos con un fin distinto al que tienen”.
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