La Fiscalía General de Sonora definió dos líneas de investigación sobre el asesinato de Abel Murrieta, aspirante de MC a la alcaldía de Cajeme, una por su profesión como abogado, y la segunda relacionada con sus aspiraciones como candidato.
En un comunicado, la Fiscalía informó que derivado de las indagatorias, así como de los resultados de las pruebas forenses y de balística, se concluye que se trató de un ataque “planeado y directo en contra del candidato” de Movimiento Ciudadano (MC).
Entérate: Normalistas de Ayotzinapa protestan frente a casa de campaña de Evelyn Salgado
Este viernes se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Seguridad y La Paz en Sonora, integrada por los tres órdenes de gobierno.
“En el compromiso de sumar esfuerzos para llegar al esclarecimiento del caso y el castigo de los responsables, (la Mesa) acordó, por parte de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, coadyuvar en las acciones de investigación, operativos, así como en el apoyo de tecnología forense, de ser necesario”.
Asimismo, acordaron una serie de acciones para otorgar condiciones de seguridad a las candidatas y candidatos a diversos puestos de elección popular en Sonora.
El 17 de mayo, con la participación de representantes del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral, se elaborará un diagnóstico de amenazas que se tengan del conocimiento en contra de candidatas y candidatos, indicó la Fiscalía.
Te puede interesar: Instituto Electoral de la CDMX inicia impresión de boletas electorales para el 6 de junio
“El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentará un análisis de riesgo de candidatas y candidatos.
“Se acordó tener como invitados permanentes en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, a representantes del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral, con el propósito de dar seguimiento diario a la estrategia de seguridad en contexto electoral”.
También se solicitó realizar una evaluación del programa de seguridad en el contexto electoral, con el propósito de aplicar el protocolo establecido para protección de candidatas y candidatos; y analizar los municipios donde se presente desplazamiento de la delincuencia organizada, donde pueda haber riesgos para aspirantes.
