El uso de las tarjetas que prometen apoyos sociales durante las campañas electorales o incluso las que se utilizan para el pago de los representantes de partidos y que podrían representar un rebase de tope de gastos ya han sido revisadas y, en su momento, avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En las elecciones locales de 2017, en el Estado de México y en Coahuila los entonces candidatos del PRI a las respectivas gubernaturas y actuales mandatarios estatales recurrieron a la estrategia de promoverse con la distribución de tarjetas en las que prometían apoyos sociales, lo que fue denunciado por sus opositores.
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Durante su campaña, el ahora gobernador Alfredo del Mazo distribuyó la tarjeta Salario Rosa, como parte de sus promesas, lo que fue denunciado por Morena; sin embargo, en el análisis del TEPJF determinó que su distribución no infringía la legislación electoral.
La sentencia aprobada por los magistrados electorales a partir de las propuestas de Mónica Aralí Soto Fregoso establece que la tarjeta que entregó Del Mazo era de cartón y no contenía algún chip que permitiera hacer una transferencia de dinero.
Precisó que sólo era para identificar a la persona que la recibía y llevar una relación que posteriormente sirviera para crear un padrón de beneficiarios.
“Se advierte que la tarjeta Salario Rosa forma parte de las promesas de campaña del candidato (…). En la propia tarjeta se observa la leyenda: ‘Con tu apoyo podremos materializar esta tarjeta de beneficios sociales para quienes más lo necesitan’, lo que revela que la misma no constituye más que una promesa de campaña, cuya implementación está sujeta a que gane el candidato que la presenta, y no la entrega de un beneficio mediato”, puntualizó la sentencia registrada en el expediente SUP-JRC-394/2017.
Tres tarjetas
En Coahuila, además de que el supuesto rebase de tope de gastos de campaña pospuso el conflicto postelectoral por cinco meses, la situación se complicó debido a que durante la campaña, el actual gobernador entregó tres tarjetas.
Para promoverse, Miguel Riquelme utilizó Mi Monedero Rosa, Mi Monedero y Mi tarjeta de inscripción, que prometía un apoyo en efectivo o en especie a quienes previamente se hubieran registrado en el programa, siempre y cuando ganara el entonces candidato.
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Para los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila, estas tarjetas representaban una medida de presión para los electores, por lo que el PRI llevó el tema ante el TEPJF, donde los magistrados resolvieron de forma diferente.
La Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que a pesar de que el PRI reconoció la existencia de 600 mil tarjetas, eso no garantizó que fueran repartidas en su totalidad, además de que se trataba de propaganda válida.
“Se considera que las tarjetas y formatos denunciados y de los cuales se tiene acreditada su existencia, constituyen propaganda electoral válida, y por ende, resulta conforme a derecho que se hubiesen distribuido como parte de la estrategia de campaña del otrora candidato al cargo de gobernador”, resolvieron los magistrados electorales del TEPJF al resolver el expediente SUP-JRC-388/2017.
En la campaña presidencial
En las elecciones presidenciales de 2012, el entonces candidato Enrique Peña Nieto fue acusado por la alianza Movimiento Progresista, que postuló al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador como abanderado presidencial, de rebasar los topes de gastos de su campaña con el uso de las tarjetas Monex.
Sin embargo, ni Movimiento Progresista ni el PAN pudieron comprobar que el priista utilizara las tarjetas Monex ni que recibiera recursos extra a través de ellas.
De acuerdo con los datos recopilados en sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente registrado como SUP-JIN-359/2012, el PAN y la coalición integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano señalaron que el financiamiento extra que recibió Peña Nieto para su campaña a través de Monex fue de 700 millones de pesos.
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Sin embargo, la coalición Compromiso por México, conformada por el PRI y el Partido Verde, desconoció cualquier vínculo con Monex y sólo admitió que estableció un contrato con Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V para adquirir tarjetas de prepago y reconoció haber recibido 7 mil 851 tarjetas por un monto total de 66 millones 326 mil 300 pesos para cubrir, bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldos, el pago a colaboradores que fungieron como representantes generales del partido.
“Conforme a los elementos de prueba con que contó la Comisión Instructora para realizar el estudio de fondo de los agravios planteados por la coalición Movimiento Progresista, respecto del financiamiento de una campaña de posicionamiento del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, cuyo costo hubiera significado un rebase al tope de gastos de campaña, así como la supuesta utilización de tarjetas de prepago de Banco Monex, S. A., como la estrategia para la compra y coacción del voto, la Sala Superior del TEPJF decidió considerarlos infundados”, concluyó.
