Zebadúa promueve amparo para que la FGR decrete prescripción de delito por caso de la Estafa Maestra

Emilio Zebadúa promueve amparo; busca que la FGR decrete la prescripción de un delito en su contra
Foto. Cuartoscuro

Emilio Zebadúa, excolaborador de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, promovió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) decrete la prescripción de la acción penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El exoficial mayor de la Sedesol buscaba que un juez con sede en Chiapas admitiera a trámite su demanda, pero, la autoridad judicial se declaró incompetente y turnó el caso a juzgados de la Ciudad de México donde está radicada la carpeta de investigación por el caso de la “Estafa Maestra“.

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“Debe decirse que entre el presente asunto y los juicios de amparo 196/2021, 678/2020 y 298/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, existe relación, en virtud de que los actos derivan de un mismo expediente (carpeta de investigación)”, expone la resolución.

Emilio Zebadúa busca reclamar la “omisión de declarar la prescripción de la acción penal respecto al delito de ejercicio indebido del servicio público” por parte de las autoridades que lo investigan.

En noviembre de 2020, Zebadúa pidió ejercer un criterio de oportunidad para colaborar con la FGR en el caso de la “Estafa Maestra”, en el que se desviaron más de cinco mil millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Con ello, el exfuncionario pretendía no ser detenido y procesado por cualquiera de las investigaciones en las que se le señala como parte de un esquema de contratación de obras y servicios a través de empresas “fantasma”.

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Unas semanas antes de solicitar el criterio de oportunidad, un juez federal negó suspender de forma definitiva una orden de aprehensión en contra de Emilio Zebadúa.

El Juzgado falló en contra del exfuncionario quien también enfrenta un proceso por presuntamente haber gastado en casinos más de 50 millones de pesos del presupuesto federal junto a sus hermanos.

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