EFE.- Varias organizaciones civiles colombianas lanzaron este martes, cuando se cumplen 14 días de protestas, un llamado de auxilio a la comunidad internacional por la situación de derechos humanos y los excesos de la fuerza pública, mientras que el gobierno de Colombia se comprometió a comenzar una conversación permanente con el Comité Nacional del Paro.
“El Estado ha usado como mecanismo de respuesta la fuerza desmedida, la represión y la censura (…). La constante en el país ha sido la falta de garantías y de respeto por el derecho constitucional y la violencia”, denunciaron hoy de forma conjunta la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la ONG Temblores y Citizens Climate Latinoamérica en una rueda de prensa.
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Estos colectivos, que están haciendo un seguimiento detenido de las protestas que comenzaron con el paro nacional del 28 de abril, denunciaron, según los registro de Temblores, 40 casos de víctimas de “violencia homicida” por parte de la fuerza pública y al menos mil 956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.
La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo recogen una cifra inferior de casos, con al menos 27 personas muertas durante las jornadas reivindicativas, de las cuales 11 están ligados directamente con las protestas, 7 están “en verificación” y hay 9 que no tienen relación con las protestas.
Mientras en las calles sigue habiendo, con menor intensidad, disturbios, sobre todo en la ciudad de Cali, el gobierno colombiano se reunió el lunes con los sindicatos y organizaciones que están detrás de la organización del paro nacional del 28 de abril, sin llegar a ningún acuerdo, por lo que se volvió a convocar una jornada de huelga para este miércoles.
Las organizaciones, en las que también está el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtieron que el despliegue militar ordenado por el presidente Iván Duque “ha estado acompañado de acciones en las que existen denuncias y evidencias de participación y complicidad de la Policía Nacional con presuntos grupos de civiles armados para atacar a otros civiles”.
Por esa razón, solicitaron a la comunidad internacional la creación de una comisión de derechos humanos que exija al gobierno colombiano detener la violencia, respetar los protocolos de seguridad en los espacios de movilización social, así como apoyar la investigación de las denuncias contra miembros de la fuerza pública por homicidios, violaciones sexuales, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras acusaciones.
“Lo anterior (debe hacerse) procurando una debida reparación a las víctimas con verdad y garantías de no repetición”, agregaron las organizaciones en un comunicado conjunto en el que pidieron además a la comunidad internacional “generar una presión ante el Estado colombiano para que haga un reforma policial que suprima la política de represión”.
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Las cifras de los abusos policiales recogidos por Temblores, según advirtieron hoy, demuestran la urgente necesidad de reformar a la policía, especialmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la institución, para que su intervención no le cueste más muertos y sangre al país.
“El gobierno ha hecho una cosa que es el llamado a la asistencia militar y esto es peor porque esta asistencia militar en las calles no tiene normas, no tiene reglamentación. Eso trae consecuencias enormes”, alertó el director de Pares, León Valencia.
Pese a que Duque retiró la reforma fiscal, principal motivo de las protestas, las movilizaciones de los jóvenes continúan en las calles con sus peticiones para que el gobierno busque mecanismos para ofrecerles verdaderas oportunidades de trabajo y educación, que cese la brutalidad policial, entre muchas otras demandas.
El gobierno de Colombia anunció hoy que está dispuesto a comenzar un ciclo de conversaciones permanentes con el Comité Nacional de Paro, convocante principal de las huelgas, luego de que el primer encuentro de este lunes terminara sin acuerdos, según los voceros de las protestas, porque “no hubo empatía del gobierno”, que evitó “totalmente la palabra negociación”.
Al respecto, Valencia subrayó que cuando el gobierno propone una negociación lo hace “bajo la fórmula sin ceder y cuando cede en algo, luego no lo cumple”, como ocurrió con las conversaciones del Paro Nacional de 2019 “que no llegaron a nada”.
“Estamos en ceros en ese diálogo con el gobierno y necesitamos una presión internacional que obligue al gobierno colombiano a negociar, a ceder y a cumplir los acuerdos. Ese es el SOS, nuestro llamado urgente”, aseveró.
A una sola voz pidieron que se detenga la represión contra los manifestantes, especialmente contra los grupos indígenas que se han unido a las jornadas principalmente en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas y sacudida por la violencia, los bloqueos que derivaron en el desabastecimiento de combustible y alimentos, y los ataques armados contra civiles.
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Rechazaron además un ataque en el que el pasado domingo quedó registrado en varios videos el uso de armas automáticas y de largo alcance por parte de supuestos habitantes de una de las zonas más exclusivas del sur de la tercera ciudad más importante del país contra la minga (marcha) indígena.
Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cali ha acusado a los indígenas de estar saqueando casas y bloques de apartamentos, y de lesionar a cuatro personas con armas cortopuzantes, por lo que, aseguraron, tuvieron que acudir en “llamado de auxilio de la comunidad del sector”.
La líder indígena Aida Quilcué defendió a la comunidad y advirtió que aunque la lucha reinvindicativa de la minga no es de ahora, especialmente durante el gobierno de Duque “ha tocado movilizarnos con mucha más fuerza, incluso en una pandemia como el Covid” porque “nos está matando más la guerra, la exclusión y la falta de garantías que la misma” emergencia sanitaria.
“Nadie esperaba movilizarnos hacia la ciudad de Cali y mucho menos con la magnitud que se movilizó Colombia. Decidimos venir a Cali a apoyar a los jóvenes, a la gente de a pie, la gente que se cansó de la exclusión, la guerra, los asesinatos”, respondió.
