EFE.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles por la tarde una ley que garantiza la inmunidad penal para los funcionarios y particulares que han gestionado la pandemia de la Covid-19, una iniciativa que para la oposición busca opacar las investigaciones por corrupción.
La Asamblea Legislativa (Congreso), con mayoría del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), se encuentra en el foco de las críticas internacionales por la destitución de magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal general, Raúl Melara, con quienes el presidente tuvo enfrentamientos durante el último año.
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La ley aprobada establece que la inmunidad se aplicará “ante cualquier reclamo” de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la Covid-19, y al ser retroactiva por ser considerada de “orden público”, la inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.
La iniciativa, presentada a petición del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia Covid-19“.
De acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa, gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas los “proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud”.
También incluye al “fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero”.
Estos sectores también “estarán exentos de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar”.
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Oposición acusa que ley provocará opacidad en las investigaciones por corrupción
El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI), señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo “busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia“.
La diputada opositora Anabel Belloso añadió que la iniciativa aprobada también pretende “crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos“.
La ley votada fue introducida por dispensa de trámite, lo que permite que los decretos sean aprobados sin pasar por un análisis en las respectivas comisiones integradas por diputados de cada partido político en Parlamento.
El gobierno salvadoreño enfrentaba investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la pandemia, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara.
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Estas investigaciones llevaron al Ministerio Público a allanar el Ministerio de Salud y otras “20 instituciones públicas y privadas”, según informó en su momento la Fiscalía.
Uno de los fiscales que lideró la investigación en el Minsal dijo en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado que dicha cartera de Estado habría hecho “desembolsos millonarios” para la compra de insumos para enfrentar la pandemia.
Esto se suma a las declaraciones de reserva del Ministerio de Salud sobre prácticamente toda la información relacionada con la pandemia.
Continúan las críticas internacionales contra El Salvador por la destitución de cinco magistrados
Las críticas internacionales y nacionales por la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal Melara continuaron este miércoles, mientras Estados Unidos aún evalúa tomar opciones.
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, afirmó que su país todavía está evaluando las opciones para responder a El Salvador por estas acciones, que son consideradas como un ataque a la separación de poderes.
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“En lo relacionado con lo ocurrido con su tribunal, todavía estamos valorando a dónde ir”, dijo Harris en respuesta a una pregunta sobre cómo piensa reaccionar EU a la situación en el país centroamericano.
La vicepresidenta subrayó que hay que “tomar en cuenta” a El Salvador, sobre todo, en lo que respecta a los desafíos que provienen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha justificado la decisión del Parlamento y ha reclamado a los embajadores designados en el país por las condenas y críticas que se han generado.
La noche del martes se conoció que el mandatario se reunió el lunes con los representantes diplomáticos, excepto con el de Estados Unidos, el encargado de negocios Brendan O’Brien.
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La grabación de la reunión, a pesar de que era privada, fue transmitida la noche del martes en cadena nacional de medios de comunicación.
Al menos tres embajadores confirmaron públicamente que el cónclave se dio el lunes y que había un acuerdo de privacidad, que fue violado por el gobierno de Bukele.
