Edith Matías Juan, mujer zapoteca promotora de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, denunció que en el actual proceso electoral se han detectado identificado 132 candidaturas de diputación en las que las personas no pertenecen realmente a los pueblos de dicho origen.
“En este proceso en particular el INE ha detectado al menos 132 candidaturas de diputación en las que las personas no acreditaron realmente pertenecer a los pueblos o a comunidades indígenas”, dijo la activista durante la mesa de diálogo “Representación de los pueblos y comunidades indígenas, Proceso Electoral 2020-2021”.
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En el evento, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Carla Humphrey reconoció que existe la necesidad de ampliar las medidas y acciones afirmativas que se tienen para este proceso electoral con el fin de garantizar una auténtica representación de este sector de la población en los espacios de toma de decisiones.
“El Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos, entre ellos, los derechos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, en estas elecciones, las autoridades electorales aseguraremos que tengan salvaguardado su derecho a votar en la casilla que les toca”, dijo.
Durante su participación, la consejera detalló las disposiciones que se establecieron para que los partidos postulen en los 21 distritos indígenas a personas que se autoadscriban como tales.
Ello, agregó, debe ser considerado como un punto de partida que es necesario ampliar, ya que a pesar de que el 21.5% de la población se autoadscribe como indígena, el máximo número de diputados que los ha representado en una legislatura entre 1985 y 2020 fue de 14, es decir, apenas el 2.8%.
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Por su parte, Juan Gabriel Méndez López, abogado comunitario de Oxchuc, Chiapas, señaló la importancia de que desde el INE se defina una propuesta clara sobre quién debe avalar la vinculación comunitaria de las personas que se autoadscriben como indígenas, ante el incumplimiento de la cuota.
Agregó que esta verificación que plantea la autoridad electoral para acceder a estos espacios no debe ser por parte de una institución proveniente del gobierno constitucional, sino que deben ser autoridades comunitarias las que determinen la validez.
