En la sesión ordinaria de este viernes, el pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión para determinar el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
Al principio de la discusión se presentó a las partes defensora y acusadora. El abogado Alonso Aguilar Zinser tomó protesta como representante de García Cabeza de Vaca, quien decidió no participar en este acto.
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Tras la integración del jurado de procedencia, la Cámara de Diputados comenzó el debate sobre el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, quien está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Elizabeth Alcántar Cruz, en representación de la Fiscalía Federal de la República (FGR) comenzó el debate al resumir los delitos por el que se le acusa al gobernador de Tamaulipas. Dijo que García Cabeza de Vaca ha acumulado una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.
El valor estimado de todas estos bienes, dijo, asciende a 951 millones de pesos. Esto es “muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas”, por lo que estimó que debe proceder el desafuero.
Tras su participación, el abogado Alonso Aguilar Zinser tomó la palabra y defendió que su cliente no omitió declarar sus ingresos acumulados ante las autoridades, por lo que dijo que la acusación es improcedente.
La defensa del gobernador de Tamaulipas argumentó que se violó el derecho a la privacidad del acusado al realizar una audiencia pública el 19 de marzo pasado en la que se proporcionó información no corroborada y que “no es materia de la acusación” contra García Cabeza de Vaca.
Tras las declaraciones iniciales, ambas partes utilizaron una réplica para precisar que este debate es sólo para determinar la procedencia del desafuero.
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Al finalizar la discusión se retiraron del inmueble las partes acusadora y defensora. Esta última salió de la videollamada. Momentos después, el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dijo que esta considera procedente el desafuero contra García Cabeza de Vaca.
Comentó que no hay elementos suficientes para inculpar al gobernador de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, dijo, sí hay pruebas para mostrar que cometió defraudación fiscal por seis millones de pesos.
“La Sección Instructora sostiene que hay fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de entregar al fisco federal más de seis millones de pesos”, dijo el legislador.
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Seis oradores en contra y otros seis a favor del desafuero expusieron su postura sobre el caso. Al comenzar esta ronda de debates, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks criticó que este dictamen para avalar el desafuero a García Cabeza de Vaca se realizó sin un análisis profundo y con intenciones electorales.
Acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha comandado una ofensiva ilegal. Primero vulnerando el debido proceso y, segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que está en marcha”.
Durante su participación, sus compañeros de bancada levantaron una pancarta con la leyenda “Basta de persecución política. Alto al uso electoral de la justicia”, en alusión a la postura del legislador Romero Hicks.
La diputada panista Adriana Dávila se sumó a las críticas de su compañero de bancada al afirmar que es una “venganza política” planeada por el presidente López Obrador. “Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional“, opinó.
Criticó que los diputados de Morena decidieron abordar casos contra integrantes de su partido hasta después de las elecciones. También retomó los casos de Félix Salgado Macedonio y Saúl Huerta al mencionar que no se ha hecho justicia a las víctimas que han denunciado abuso sexual por parte de ellos.
En contraparte, el diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor del desafuero al gobernador de Tamaulipas. También recordó la impunidad en los gobiernos anteriores, principalmente, en el caso del expresidente Felipe Calderón y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
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La diputada Sandra Paola Gonzalez Castañeda de Morena pidió a los legisladores votar a favor del desafuero contra García Cabeza de Vaca para mostrar que los funcionarios ya no pueden tener un “privilegio” que les permita seguir cometiendo delitos sin ser castigados.
Claudia Pastor Badilla, diputada del PRI, declaró que su grupo parlamentario no apoyó este procedimiento por las inconsistencias “evidentes” para realizar el juicio político contra García Cabeza de Vaca durante el periodo electoral. Señaló que este fue el último de los expedientes que recibió la Sección Instructora, pero es el único que se está debatiendo en estos momentos.
“(Las inconsistencias) las hay desde violaciones al debido proceso, como la presunción de inocencia o la publicación de diligencias de la sección instructora”, dijo.
A esto se sumó la legisladora por Movimiento Ciudadano, Fabiola Raquel Guadalupe Loya, quien comentó que “se deja sin resolver solicitudes más antiguas” que debieron resolverse antes del caso García Cabeza de Vaca.
El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna dijo estar a favor del dictamen porque, dijo, los documentos demuestran que García Cabeza de Vaca buscó beneficiarse al evadir el fisco. También criticó que el PRD solapa al PAN al pronunciarse en contra del desafuero.
“(El gobernador) va a enfrentarse a la justicia porque esta Cámara de Diputados lo va a sentenciar”, afirmó.
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Benjamín Robles Montoya, diputado del Partido del Trabajo, rechazó que este procedimiento tenga tintes políticos o que se busque conseguir votos en las próximas elecciones. En realidad, dijo, es para mostrar que ya no se permite la corrupción de los funcionarios públicos.
En marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
En respuesta, García Cabeza de Vaca afirmó que estas acusaciones son un “linchamiento político” de cara a las elecciones de junio próximo.
Tras la entrega de documentación por parte de la UIF, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados considera que hay pruebas útiles y suficientes para evidenciar que García Cabeza de Vaca omitió parcialmente el pago de impuestos federales “obteniendo un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco federal por 6 millones 511 mil 777 pesos”.
