Por Tania Rosas
Las pruebas por el delito de defraudación fiscal equiparada son las que tuvieron mayor peso para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados propusiera el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El dictamen en el que se plantea la procedencia del desafuero precisa que hay pruebas útiles y suficientes para evidenciar la probable responsabilidad del gobernador en la comisión de este delito, ya que omitió parcialmente el pago de impuestos federales “obteniendo un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco federal por 6 millones 511 mil 777 pesos”.
Mientras que el material aportado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “permite parcialmente tener por acreditado indiciariamente los elementos que constituyen la materialidad del delito”.
La Sección Instructora reconoce que el gobernador realizó operaciones que se relacionaron con personas físicas y morales que fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y que algunas están incluidas en la lista de simuladores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, dejó la comprobación de los elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
“No se soslaya que durante el presente procedimiento de declaración de procedencia quedaron en evidencia otras conductas que tienen la apariencia de hechos delictivos y las cuales pudieran ser reprochadas en un futuro ante la autoridad jurisdiccional”, concreta el dictamen.
Un ejemplo de lo anterior, precisa, es “el cúmulo de bienes, muebles e inmuebles vinculados con el inculpado, sus familiares y personas cercanas, activos que forman un acumulado aproximado de más de 228 millones 300 mil pesos”.
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La Sección Instructora presentó la lista que le fue proporcionada por la UIF, en la que destacan dos ranchos en Tamaulipas, relacionados con una empresa de la familia Cabeza de Vaca con valor de 101 millones 400 mil pesos, además de una hacienda en Soto la Marina con valor de 53 millones 600 mil pesos.
También se enlistan casas en Texas, Estados Unidos, y en Reynosa, Tamaulipas, además de 11 vehículos y 8 camionetas. Las propiedades están relacionadas con la empresa familiar, hermanos, primo y esposa del gobernador.
“Se genera para esta Sección Instructora la certeza respecto de la existencia del delito de defraudación fiscal equiparada, así como del sujeto activo, así como de su probable responsabilidad en relación a los actos y hechos que se le atribuyen por la representación social”, concluyó.
El dictamen se discutirá este viernes por el pleno de la Cámara de Diputados.
