EFE.- Human Rights Watch (HRW) entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) información sobre “abusos aberrantes” supuestamente cometidos por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado la ONG ya está en manos de la Fiscalía de la CPI y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.
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En concreto, la organización ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.
“El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión de que estos hechos son parte un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto”, afirmó Vivanco. HRW enmarcó las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno de Maduro contra “grupos irregulares” en el estado de Apure.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra dichos grupos que las autoridades nunca identificaron, pero que HRW dice que son una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, conocida como el Frente Décimo Martín Villa.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de 8 militares y 9 “terroristas” fallecidos, así como más de 40 detenidos.
HRW alega en el texto que muchos de los arrestados “no eran miembros de grupos armados“, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
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Los cuatro campesinos muertos eran de una misma familia y las FAES se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas.
A petición de Human Rights Watch, unos peritos forenses analizaron fotografías de los cuerpos y concluyeron que los campesinos parecían haber sido movidos del lugar donde murieron. Además, creen que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos fueron colocadas ahí para hacerlos parecer guerrilleros.
Por otro lado, la organización ha documentado la detención arbitraria de al menos 17 personas en la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria.
Debido a la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad venezolanas, Vivanco considera “imprescindible” que la Fiscalía de la CPI y la misión de la ONU examinen la posible responsabilidad de comandantes y autoridades de alto nivel que podrían haber ordenado esos abusos.
La comunidad internacional está a la espera de que la Fiscalía de la CPI decida si inicia una investigación sobre Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, un tema sobre el que abrió un examen preliminar en febrero de 2018.
