Por Arizbet García
El 85 por ciento de los asesinatos de aspirantes y candidatos registrados en lo que va del actual proceso electoral fueron cometidos por comandos armados, mientras que el resto fue por pistoleros solitarios o en un asalto, destacó Rubén Salazar, director de Etellekt.
Desde el 7 de septiembre del 2020, cuando inició el proceso electoral en curso, hasta el 24 de abril, al menos 22 aspirantes y candidatos han sido asesinados. El caso más reciente es el de Francisco “Batata” Rocha Chávez, abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien buscaba una diputación local en Tamaulipas.
Rubén Salazar comentó a Latinus que las agresiones y homicidios de políticos se dan principalmente en los estados con alternancia política, ya que “se pierde el control vertical de los gobernadores a los alcaldes, y los alcaldes se convierten en jefes políticos de sus localidades”.
Por lo anterior, advirtió que ante el panorama del “autoritarismo a escala local”, la violencia política podría incrementarse en las elecciones presidenciales del 2024.
“Si hay alternancias otra vez en esta elección con 15 gubernaturas en juego, pues la elección del 2024 es la que nos preocuparía, vemos que esta violencia (política) puede empezar a desatarse”, alertó.
Violencia política, una forma de fraude electoral
El director de Etellekt resaltó que las autoridades correspondientes deben investigar y esclarecer los casos de violencia política, porque ésta, indicó, también es una forma de cometer fraude electoral.
“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice que no va a tolerar el fraude electoral, bueno pues ésta, la violencia política, es otro mecanismo de fraude electoral (…). Pareciera ser que el presidente Andrés Manuel sólo ve desde el ángulo criminológico de la guerra contra el narco, otra vez, o sea, está adoptando el discurso de (Felipe) Calderón, pero se le olvida que en medio de esto se afectan los derechos político-electorales de las víctimas, de los partidos, de la ciudadanía, porque se les están imponiendo candidatos a través de la violencia”, apuntó.
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Expuso que es urgente que se esclarezca el móvil de los asesinatos y agresiones, pero, sobre todo, que se identifique a los autores intelectuales de estos delitos, para que se haga “justicia electoral”.
“¿A qué me refiero con justicia electoral?, que si el agresor es un político y ganó el puesto a través de la violencia, se le sancione a futuro, se le aplique un juicio de procedencia, se le lleve a la cárcel, pero, sobre todo, que se haga justicia electoral y que se dicte que la violencia está influyendo en los resultados de la contienda electoral“, subrayó.
Rubén Salazar detalló que la mayoría de los políticos que han sido asesinados fueron aspirantes que no tenían registro como candidatos, ya que, consideró, los agresores saben que “cuando matan a un aspirante (…) la reacción de la autoridad es tibia, a diferencia de cuando es un candidato ya registrado”.
Necesario, mecanismo de denuncia confiable
Ante esta problemática, indicó que es necesario que se establezca un mecanismo de denuncia “confiable”, porque, aseguró, la mayor parte de las víctimas no confían en las fiscalías locales, al considerar que éstas responden a “intereses políticos”.
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Del 7 de septiembre del 2020, fecha de inicio del proceso electoral, al 31 de marzo de 2021, Etellekt contabilizó 262 agresiones (delitos de fuero común) en contra de políticos, con un saldo de 241 víctimas de diversos delitos (25 por ciento son mujeres), entre ellas, 65 políticos asesinados (9 eran mujeres), de los cuales 20 eran aspirantes a puestos de elección (17 hombres y 3 mujeres).
En este mes se registraron los asesinatos de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente en Tecate, Baja California, quien fue acribillado a balazos el 9 de abril, y ayer fue asesinado a balazos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Francisco “Batata” Rocha Chávez, candidato a diputado local del PVEM.
