La Cámara de Diputados recibió este martes del Senado de la República la minuta por el que se expiden las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial, con la que también se busca ampliar por dos años el periodo de mando del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Mesa Directiva remitió la minuta a la Comisión de Justicia, para que discuta y en su caso avale el dictamen, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
De acuerdo con la Constitución el periodo del presidente de la Corte es de cuatro años, por lo que Arturo Zaldívar debería dejar el cargo en 2022. Con las modificaciones a la ley, concluiría hasta 2024, coincidiendo con el último año del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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El exministro José Ramón Cossío subrayó que el artículo 97 constitucional señala que el ministro presidente de la SCJN no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior y su cargo sólo debe durar cuatro años.
La minuta que recibieron los diputados deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.
Se trata de una reforma integral que busca establecer sanciones para jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo, acoso sexual o corrupción.
Contempla desde el retiro del cargo hasta la inhabilitación y la obligatoriedad de reponer el doble del monto que un juez haya obtenido al incurrir en faltas administrativas graves.
Otra de las modificaciones se realizará en el sistema de asignación de cargos, con los cuales, se podría sancionar a las personas que hayan recibido un cargo interino o de confianza y éstos a su vez, extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
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También se agregan multas que serán aplicables para empresas que “hayan obtenido beneficios” a través del Poder Judicial de la Federación.
En estas penas se contempla la restricción para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años. En casos considerados como graves, se podría privar a las compañías de sus actividades comerciales, económicas y contractuales o en su caso, también aplicar la disolución de la sociedad respectiva.
La minuta con las leyes secundarias se prevé que sea discutida y votada por el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles.
