La Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 Fiscalías del país pidieron este miércoles conocer los criterios y lineamientos que se han tomado desde el gobierno de México para la protección de candidatos durante las elecciones del próximo 6 de junio.
En un comunicado, solicitaron que se les informe particularmente sobre las medidas para preservar la seguridad de las mujeres candidatas y de comunidades en circunstancias de riesgo por la presencia de grupos de la delincuencia organizada.
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Los fiscales se comprometieron a trabajar con la FGR, autoridades federales y estatales para evitar que se cometan delitos durante los comicios y en su caso, atender e investigar las denuncias que se presenten durante el proceso electoral.
“Para lograr este objetivo del más alto valor democrático, resulta fundamental la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas”, expusieron.
Agregaron que existe disposición para compartir información con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Centro Nacional de Información (CNI) y las secretarías de Seguridad de cada estado para perseguir “las conductas delictivas que dañen la contienda electoral”.
“Las instancias de procuración de justicia, en todo momento, recibirán las denuncias sobre hechos que la Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe y sanciona, así como las denuncias de aquellas conductas que, sin ser delitos electorales, puedan estar asociadas a la actividad electoral”, explicaron.
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También exhortaron a los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales para que informen a las fiscalías sobre conductas que sean consideradas como faltas administrativas electorales o a los estatutos de los institutos políticos.
“Las instancias de procuración de justicia estarán en estrecha comunicación con la Secretaría del Bienestar y las instancias del gobierno Federal, así como con los Gobiernos de los estados que implementan programas sociales para conocer sus criterios precisos de operación y las excepciones vigentes durante la veda electoral, lo que permitirá investigar y perseguir el uso de los programas sociales con fines electorales”, concluyeron.
