El Senado de la República aprobó este martes la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el registro obligatorio de los datos biométricos.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se avaló en lo general con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, así como en lo particular con 56 a favor, 52 en contra y siete abstenciones. El decreto se remitirá al Ejecutivo federal para crear el padrón.
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Los datos que serán recabados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de manera obligatoria, son: nombre del titular de la línea telefónica; número de celular, fecha y hora de activación de la línea; nacionalidad del usuario, número de identificación con fotografía y Curp; dirección domiciliaria; datos del concesionario de telecomunicaciones y esquema de contratación de la línea (prepago o pospago).
En cuanto a datos biométricos, el padrón requerirá de huellas dactilares, iris de los ojos, tono de voz, facciones del rostro y firma.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que el proyecto de Padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), un programa creado en 2018 que consideraron como “fallido” durante el gobierno del expresidente de México, Felipe Calderón.
El Renaut fue eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y puesta a disposición en el mercado negro. “En vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8%, respectivamente, durante el periodo de vigencia del registro”, señalaron.
“Existe una gran preocupación por que se considera que esta reforma invade la privacidad de las personas por la falta de mecanismos de protección de datos personales y que además con ello se afectan los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia”, sostuvo Joel Padilla, integrante del senado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, mencionó que la aprobación del dictamen no ayudará a combatir la delincuencia y que “fomentará otro tipo de prácticas más elaboradas del crimen organizado, generan un gasto innecesario por parte del gobierno federal”.
