Con el objetivo de erradicar el nepotismo, corrupción y hostigamiento sexual en el Poder Judicial, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado aprobaron este lunes el proyecto de reforma para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Dicho dictamen también busca garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, afirmó que el Senado le está dando los instrumentos necesarios al aparato de justicia para que pueda atender los reclamos de la sociedad.
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El dictamen fue aprobado con nueve votos a favor, una abstención y uno en contra, en la Comisión de Justicia; así como nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Los legisladores de las comisiones avalaron también una adenda consensuada por diversas fracciones parlamentarias, la cual tiene como objetivo fortalecer la autonomía e independencia de juezas y jueces, así como blindar su trabajo al darles certidumbre jurídica para evitar presiones en su labor jurisdiccional.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, reconoció que esta propuesta busca atender temas sensibles para la sociedad como el nepotismo, el acoso sexual y la transparencia en la selección del personal.
En tanto que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, indicó que una de las preocupaciones de estas reformas es que se proteja la autonomía e independencia de las juzgadoras y los juzgadores, por lo que la adenda se encargará de fortalecer esta materia.
La senadora por Morena, Lucía Trasviña Waldenrath, afirmó que con este proyecto se fortalece el Instituto Federal de Defensoría Pública.
La reforma contempla desde el retiro del cargo hasta la inhabilitación y la obligatoriedad de reponer el doble del monto que un juez haya obtenido al incurrir en faltas administrativas graves durante su periodo de encargo.
“En el caso de que la falta administrativa grave cometida por la o el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos”, expone.
