EFE. – Un panel de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos puso fin al intento de 11 estados republicanos de revivir la regla de “carga pública”, una medida establecida por la administración de Donald Trump con la cual las autoridades podían negar la residencia legal permanente a migrantes que recurrieran a la asistencia pública.
El panel con sede en San Francisco votó 2-1 en contra de permitirles a los 11 estados, liderados por Arizona, intervenir en el caso, después que el gobierno del presidente Joe Biden derogó la regla el pasado 9 de marzo y pidió a la Corte Suprema concluir el litigio sobre ese tema.
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Los jueces Patricia Schroeder y William Fletcher emitieron la decisión contra la solicitud, encabezada por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich. En su fallo entregado el jueves no indicaron los motivos para rechazar la petición.
Sin embargo, el juez Lawrence VanDyke, designado por Trump, redactó una extensa opinión en contra diciendo que las acciones del gobierno de Biden aparentemente tenían la intención de asegurarse “no solo de que la regla se haya ido más rápido que el papel higiénico en una pandemia, sino de que efectivamente nunca podría ser establecida” incluso por una administración futura.
Establecida en 2019, la medida fue impugnada por un buen número de ciudades y estados que detuvieron su aplicación, pero la administración de Trump logró a comienzos de 2020 que la Corte Suprema la restableciera mientras se definían los litigios.
La regla de “carga pública” establecía que un migrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de tres años.
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Pero este concepto también se tendría en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.
Hace unas semanas, el Séptimo Circuito de Apelaciones también cerró la puerta el intento de 14 estados republicanos liderados por Texas para reactivar la controvertida política.
No obstante, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, no se ha rendido y el pasado 30 de marzo pidió a la Corte Suprema que le permita defender la regla de carga pública después de su derrota.
Paxton ha tomado esta regla como uno de sus caballos de batalla contra la administración de Biden. El fiscal aseguró en su petición al máximo tribunal que los contribuyentes de Texas pagan “cientos de millones de dólares” al año para atender a los inmigrantes indocumentados, por lo que consideró necesaria la regla de “carga pública”.
