Por Tania Rosas
En México, uno de los países más riesgosos para los defensores de derechos humanos y periodistas, la Secretaría de Gobernación tarda hasta 206 días en implementar medidas urgentes de protección para quienes están amenazados, aunque la ley establece un plazo máximo de 9 horas.
Además de los retrasos, especialistas y beneficiarios del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas advierten que no existe articulación entre las instituciones de gobierno y hay severas irregularidades que comenzaron desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Advierten también que la desaparición del mecanismo “como pretende hacerlo Andrés Manuel López Obrador, quitándole los fideicomisos” los deja desprotegidos y esperan que “esto no se convierta en unos meses en una bomba de tiempo”.
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