La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del grupo parlamentario de Morena, presentó este miércoles una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a que investiguen la licitud del origen del financiamiento de Latinus.
En el documento publicado hoy en la gaceta parlamentaria, la diputada señala que dicha investigación debería llevarse a cabo para determinar el supuesto aporte de “recursos de procedencia ilícita” a este medio de comunicación.
La legisladora sugiere, incluso, que la UIF y la FGR deben investigar la presunta participación del Gobierno de Michoacán, a cuyos funcionarios señala, sin evidencia alguna, de estar detrás del financiamiento a Latinus.
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“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, señala la morenista en el primer resolutivo de su propuesta de punto de acuerdo.
En sus consideraciones, Reyna Ascencio argumenta además una presunta violación al artículo 41 constitucional, del cual asegura que desde el 2007 “fue muy claro”, en el sentido de que los partidos políticos no pueden tener espacios en la radio y televisión con fines electorales.
“Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos , ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”, apunta el artículo referido.
Desde hace meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y sus partidarios de Morena, han llevado a cabo una serie de señalamientos y ataques contra medios de comunicación, entre ellos Latinus, al acusarlos de tener relación con grupos políticos y querer obstaculizar a su administración.
El más reciente ataque lo llevó a cabo esta mañana al señalar al periodista Carlos Loret de Mola de promover un “montaje” en el caso de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005, hecho por el cual el comunicador recordó que “el montaje de García Luna transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento fue condenado por todos; por mí, repetidamente”.
A finales de marzo, este medio señaló a través de un editorial el asedio oficial al que lo ha sometido la actual administración.
“Si al gobierno de México hoy le interesa investigar al medio que investiga a su administración y documenta sus errores y abusos, lo invitamos a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla, legal y administrativamente”, señalamos en Latinus.
Editorial: Al costo que sea
Por otra parte, “el trabajo periodístico que hemos desarrollado irrita a Palacio Nacional al grado de mover los hilos de su aparato de experiodistas convertidos en defensores del poder en turno. Nuestro trabajo es público, está documentado y no ha podido ser desmentido por el gobierno”.
Además, y ante los constantes ataques del presidente y sus allegados contra los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos, más de 600 periodistas, académicos, activistas y científicos emitieron en septiembre pasado un pronunciamiento para denunciar la amenaza de López Obrador a la libertad de expresión. A esto se han sumado organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Artículo 19.
