La Junta Directiva de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles instalar un parlamento abierto para discutir la reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En cambio, la Comisión de Energía, presidida por un diputado morenista, aprobó crear una mesa de diálogo a distancia en la que cada partido político tendrá un representante para discutir los elementos de este proyecto de reforma. El máximo de participantes en esta mesa será de ocho personas.
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En una tarjeta informativa se argumentó que la instalación de la mesa de diálogo, en lugar del parlamento abierto, se debe a que se trata de una “iniciativa de actualización” de los permisos que están dentro de la Ley de Hidrocarburos y no de un “cambio de paradigma” en el sector energético.
El parlamento abierto es una herramienta que permite a los ciudadanos, así como a organizaciones civiles u otros entes de la sociedad, opinar y cuestionar las legislaciones que realizan los funcionarios, en este caso, los diputados.
“La instalación de la mesa de diálogo estará a cargo del diputado Carlos Enrique Martínez Aké, coordinador del “Grupo de Trabajo de Hidrocarburos”, la cual se llevará a cabo el martes 6 de abril, a las 12:00 horas”, indicó la Cámara de Diputados en una tarjeta informativa.
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Cada experto tendrá 20 minutos para exponer sus argumentos, además de otros 10 para una sesión de preguntas y respuestas una vez que concluya su participación.
“Las preguntas y planteamientos se realizarán por parte de los representantes de los grupos parlamentarios que integran la Junta Directiva de la Comisión”, añade la tarjeta informativa.
El viernes pasado, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual pretende fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que tenga mayor control sobre los precios, la distribución, las importaciones y la comercialización del combustible en México.
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De aprobarse esta reforma, se permitirá que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) puedan suspender los permisos a empresas privadas “cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional”.
También permitiría a Pemex tomar control de las instalaciones una vez que se suspendan los permisos.
“La autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas”, se lee en el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos.
