Reuters.- Colombia acusó este sábado a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de un ataque con un carro bomba en un pueblo del suroeste del país, que dejó 43 personas lesionadas y ocho casas destruidas, en un recrudecimiento de la violencia en esa región estratégica para la producción y el tráfico de cocaína.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el ataque se registró el viernes en la tarde frente a la alcaldía del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, una zona en donde tienen presencia grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
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El funcionario calificó el hecho como “un atentado terrorista indiscriminado contra la población civil” y lo atribuyó a la columna Dagoberto Ramos, una de las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar el conflicto armado que ha dejado 260 mil muertos y millones de desplazados.
Molano elevó a 200 millones de pesos (unos 55 mil dólares) la recompensa por información que permita localizar a dos de los principales líderes de las disidencias de las FARC responsables del ataque.
“Cauca llora, pero no se rinde. Corinto llora, pero no se rinde”, dijo el ministro de Defensa al anunciar un incremento de las operaciones militares en la zona contra los grupos armados ilegales.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia condenó el ataque y pidió la implementación de medidas concretas de protección integral a las comunidades, además garantías de seguridad en los territorios afectados por la violencia.
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“El terrorismo es el arma de los cobardes”, declaró por su parte el presidente Iván Duque horas después del ataque con el vehículo cargado de explosivos. “Quienes apelan a este tipo de prácticas son los enemigos de la paz de nuestro país, son los enemigos del pueblo colombiano”.
Aunque la intensidad de la confrontación se redujo tras el acuerdo de paz, luego recrudeció después de que varias estructuras de las FARC lo rechazaron y continuaron dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal en medio de enfrentamientos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales por el control de esas actividades ilícitas.
Las Fuerzas Armadas y funcionarios del Gobierno estiman entre 2 mil 500 y 3 mil los combatientes de las disidencias de las FARC a lo largo y ancho del país de 50 millones de habitantes. Así mismo los responsabilizan de asesinatos de líderes sociales y masacres de civiles.
