EFE.- Al menos cuatro personas murieron este jueves durante la represión de las protestas en contra de la junta militar por parte de las fuerzas de seguridad en Birmania (Myanmar), donde el número de fallecidos por la violencia de las autoridades supera ya los 280.
Según el medio Myanmar Now, las últimas víctimas mortales se produjeron en Taunggyi, una localidad en el estado noroccidental Shan, donde la policía disparó contra los manifestantes y saqueó propiedades.
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Los medios locales también informaron de heridos en las regiones de Sagaing y Kayin debido a los disparos de las fuerzas del orden.
A pesar de la violencia policial, los birmanos volvieron a salir hoy a las calles de ciudades como Rangún, Mandalay y Monywa para protestar contra el golpe del pasado 1 de febrero y pedir el retorno de la democracia.
Al menos 286 manifestantes y activistas han muerto por la represión policial y militar, mientras que más de 2 mil 900 personas han sido detenidas desde el golpe militar, incluida la líder depuesta Aung San Suu Kyi, según el recuento de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania,
La comunidad internacional ha condenado duramente el golpe militar y la brutal violencia contra las protestas y la Unión Europea y países como Estados Unidos han impuesto sanciones contra los líderes militares, incluido el jefe de la junta, Min Aung Hlaing.
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Además de la violencia contra los manifestantes antijunta, los militares han realizado una campaña de persecución y detenciones para acallar a los medios, provocando el cierre de los medios independientes.
No obstante, algunos portales locales como Myanmar Now y Frontier continúan informando de forma clandestina en las redes sociales y en la web con ayuda de programas VPN, que permiten burlar los bloqueos y la censura.
Según el grupo de vigilancia de internet NetBlocks, las autoridades birmanas han bloqueado la red durante 39 noches consecutivas, mientras que la señal móvil lleva 11 días sin funcionar.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.
