La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, tendrá la oportunidad de presentar información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a fin de analizarla y considerar la posibilidad de negociar un beneficio legal, según confirmó su defensa.
En un preacuerdo obtenido con la dependencia, Rosario Robles tendrá que redactar y entregar una carta la próxima semana o los días siguientes en la que deberá dar algunos de los detalles sobre la información que tiene para proporcionar.
Según Sergio Ramírez Muñoz, abogado de Robles, se convino con la SEIDO que lo más conveniente es que se lleve a cabo la entrega de información que ella tiene para que sea valorada.
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“Antes de entrar en tratos, ella debe mandar una carta (…) donde mencione los indicativos de los lugares a donde nos vamos a dirigir, para que el fiscal valore si es conveniente la información”, señaló el abogado.
Rosario Robles fue vinculada al caso de la “Estafa Maestra” por el desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando estuvo a cargo de ellas.
Por lo anterior, Robles cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada. Actualmente se encuentra recluida en la Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.
El pasado 9 de marzo, la defensa de la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto tenía planeado colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar un procedimiento abreviado en las acusaciones de omisión que enfrenta.
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Sin embargo, esta opción se truncó luego de que los abogados de Robles aclararon que ella no estaba dispuesta a pagar 5 mil 500 millones de pesos por resarcimiento del daño por el caso de la “Estafa Maestra“.
La defensa de Robles sostuvo que pagar ese monto era imposible, porque su cliente no contaba con esa cantidad y porque el delito del que se le acusaba era de carácter administrativo y las leyes mexicanas no contemplaban resarcir el daño.
Días antes, Robles propuso declararse culpable y aceptar una sentencia de seis años de cárcel por el delito de omisión, a cambio de que la FGR aceptara cerrar el proceso penal abierto en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
