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Por Manuel Velázquez
María Elena Baltazar Pablo y Daniela Salgado Márquez tienen dos cosas en común: lograron que sus agresores por violencia de género no sean candidatos a un cargo de elección popular, por ningún partido, hasta por seis años; además, son mujeres que están en la política.
En entrevistas por separado, ellas narran que durante muchos meses resistieron insultos, agresiones, intimidaciones y hostigamientos que las orillaron a denunciar ante instancias electorales esos abusos. Se abrieron los procesos sancionadores, verificaron los delitos de los agresores y éstos quedaron inscritos en la lista del INE que les impide competir en próximos comicios.
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Aseguran que aún falta mucho camino para abatir la violencia contra las mujeres en la política, tener una verdadera paridad y acabar con los gobiernos machistas; si bien la implementación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) fue notable, todavía no es suficiente, recalcan.
Publicado por el INE el 1 de diciembre del 2020, este registro sobre violencia de género tiene en su lista a 19 personas sancionadas: 15 hombres y cuatro mujeres, quienes se valieron de sus cargos públicos para denostar y atacar la labor de funcionarias públicas.
María Elena Baltazar Pablo, del partido Podemos de Veracruz, es regidora del municipio de Altotonga, y denunció en siete ocasiones al presidente municipal Ernesto Ruiz Flandes (Movimiento Ciudadano), porque durante dos años la insultó, ordenó ilegalmente su destitución, la humilló públicamente y mandó hostigadores afuera de su casa.
Baltazar Pablo relata su desesperación, dice que no sabía cómo frenar al edil Ruiz Flandes, hasta que un asesor jurídico le recomendó acudir al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para denunciar la violencia de género y obstáculos a su trabajo.
El Tribunal Electoral de Veracruz falló a su favor y comprobados los casos de violencia de género, el agresor quedó en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género del INE.
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La regidora de Altotonga y ahora aspirante a una diputación local lamenta que la actitud de venganza de Ernesto Ruiz Flandes continúe; sin embargo, obtuvo la máxima sanción (seis años) y no podrá estar en ninguna boleta electoral hasta el 2027.
Cuando el agresor proviene del mismo partido, es más difícil la sanción. Es el caso de la diputada del PAN en Querétaro, Daniela Salgado Márquez, quien sufrió un año los ataques del entonces presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, también panista, que denostó su labor en redes sociales y ejerció presión en su contra, por ejemplo, con la constante presencia de patrullas afuera de su casa.
Daniela Salgado reflexiona que si no hubiera denunciado a su compañero en el PAN, se habría evitado muchos problemas, “pero decidí ser valiente”, ataja.
Ante las autoridades estatales electorales presentó su denuncia, levantó la voz y ahora Alejandro Ochoa Valencia está en el padrón del INE, y por los próximos cuatro años no podrá ser candidato o acceder a un cargo público.
La panista reconoce la importancia del registro del Instituto Nacional Electoral, pero advierte que aún falta mucho por hacer para erradicar estas agresiones. Además, plantea que deben asumir responsabilidades tanto autoridades electorales como los partidos políticos en la designación y nombramiento de candidatos con antecedentes de violencia de género.
De acuerdo con datos del INE, los hombres publicaron siete de cada 10 mensajes con violencia política contra las mujeres en prensa, mientras que en redes sociales emitieron seis de cada diez.
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Durante las campañas electorales la violencia verbal contra las mujeres se presenta mediante calumnia, desprestigio, denigración, ofensas y misoginia.
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