Una jueza declaró prófugo de la justicia desde este martes a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) tras faltar a la audiencia de la investigación que enfrenta por el delito de peculado por 450 millones de pesos.
Vera Jiménez no acudió ni justificó por medio de su defensa su ausencia en la audiencia donde sería imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción del estado.
Te podría interesar: SRE abre investigación interna contra la subsecretaria Martha Delgado por presunta vacunación clandestina
Autoridades de Morelos indicaron que la jueza de control lo declaró prófugo de la justicia e instruyó a la Fiscalía Anticorrupción corroborar su domicilio para ordenar su comparecencia por la fuerza pública.
El exrector de la UAEM, presuntamente comprometió 450 millones de pesos de la institución, recursos provenientes del subsidio otorgado por el gobierno del Estado y que fueron utilizados como garantía del crédito con Banco Interacciones, pese a que estaban destinados a la política salarial, plazas de nueva creación, carrera docente, gastos de operación, desarrollo de programas y proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, entre otros.
En julio de 2020, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también determinó que Vera Jiménez era responsable de un desvío de más de 200 millones de pesos mediante el esquema denominado “La Estafa Maestra“
De acuerdo con el TJFA, el académico estuvo a cargo de la firma de un convenio con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para realizar una serie de servicios para la dependencia. Días después, la UAEM le adjudicó el contrato por 203.6 millones de pesos a la empresa Evyena Servicios.
También lee: Reapertura de escuelas: las medidas que la SEP prevé para un posible regreso a clases
Los magistrados indicaron en ese entonces que Alejandro Vera mintió al afirmar que la UAEM tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios a la Sedesol, razón por la que al final subcontrató a una empresa.
Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció que el domicilio de la compañía no pudo ser ubicado por lo que emprendió acciones legales contra el exrector y la Sedesol, proceso que hasta la fecha sigue en curso.
