EFE.- Tras la jornada más sangrienta de la presión policial en Myanmar, Birmania, el Ejército extendió este lunes la ley marcial e incrementó la militarización de las calles para reprimir las protestas, en las que han muerto al menos 126 personas por los disparos de la policía y los soldados.
En medio de una mayor presencia militar y la ley marcial en gran parte de Rangún, muchos birmanos volvieron a salir a varias ciudades del país para pedir democracia en desafío a los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y los disparos con munición de goma y real.
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Según el periódico Irrawaddy, al menos tres personas fallecieron este lunes por disparos en Myingyan, mientras que un número indeterminado resultó herido por los disparos de soldados y policías que abrieron fuego contra los manifestantes.
Extensión de la ley marcial
Este lunes, la junta militar extendió la ley marcial a cuatro distritos industriales y poblados de Rangún, la antigua capital, tras el fin de semana en el que murieron al menos 47 manifestantes, 39 sólo el domingo.
La medida de excepción también se declaró en otros distritos de Rangún como Hlaing Than Yar, donde ayer hubo 22 muertos en las protestas y ardieron varias fábricas de textil, algunas propiedad de chinos.
La Embajada de China en Birmania reclamó a las autoridades “detener” a los autores de los incendios y “garantizar la seguridad de las empresas y el personal chino.
El Movimiento de Desobediencia Civil, que organiza las manifestaciones contra la junta a escala nacional, responsabilizó a los militares de los incendios.
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“La junta terrorista es totalmente responsable del incendio de las fábricas chinas”, señaló el grupo en su cuenta de Twitter.
Juicio contra Suu Kyi
La líder depuesta de Birmania, Aung San Suu Kyi, tenía previsto comparecer hoy vía videoconferencia ante un tribunal birmano, pero se suspendió por problemas técnicos, después de que la junta bloqueara el acceso a internet.
La tercera vista del juicio de la líder electa fue aplazada hasta el 24 de marzo, indicó el abogado Khin Maung Zaw en las puertas del tribunal de Naipyidó.
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Desde que fue detenida el 1 de febrero, Suu Kyi, de 75 años, está prácticamente incomunicada y se le ha acusado de cuatro delitos, entre ellos aceptar un soborno o importar dispositivos telefónicos.
La junta militar, que mantiene detenidas a más de mil 800 personas por su oposición al golpe de Estado, justificó la toma del poder por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como lo hizo en 2015.
