Un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” sobre el presunto conflicto de interés del expresidente de México, Enrique Peña Nieto con Grupo Higa.
Los archivos fueron sustraídos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que en 2019 la titular de esta dependencia Irma Eréndira Sandoval Ballesteros instruyó a que se presentara una denuncia penal.
Según la denuncia, antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.
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Por el hecho, se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon cargos públicos.
De acuerdo con un comunicado, los acusados del delito fungían como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, director General de Denuncias e Investigaciones y director General Adjunto de Investigaciones.
La secretaria Sandoval Ballesteros informó que “esta noticia es un paso más para erradicar la impunidad, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales de garantizar una administración honesta, legal y ética”.
El expediente de la “Casa Blanca”, detalla el caso de la compra del expresidente Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, del inmueble ubicado en Sierra Gorda número 150, Lomas de Chapultepec.
Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, y principal contratista del gobierno fue el encargado de la construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación.
La “Casa Blanca” fue valuada en 7 millones de dólares (86 millones de pesos) y tras ella se generaron acusaciones contra la familia presidencial por tráfico de influencias, ilegalidad y corrupción.
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