Reuters .- Expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijeron este miércoles que investigan 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales venezolanas, en medio de preocupaciones por posibles ejecuciones sumarias.
Expresando inquietud por las muertes, los expertos aseguraron que las autoridades no entregaron los certificados de defunción, cobraron honorarios por las autopsias y entregaron los cadáveres en ataúdes cerrados, con la instrucción que prohibía abrirlos.
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La delegación de Venezuela rápidamente desestimó los señalamientos sin abordarlos específicamente.
“Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio y equidad”, dijo Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo de 200 decesos incluyó a personas muertas en un gran operativo policial en el barrio La Vega de la capital, Caracas, registrado enero pasado.
“Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los muertos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, dijo Valinas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Valinas dijo que desde septiembre al menos 36 personas fueron detenidas ilegalmente, incluidos periodistas, y que algunas detenciones tendrían una “motivación política”.
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En Caracas, la cancillería afirmó a través de un comunicado que rechazaba “las falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos”.
“Esta pseudo Misión (…) es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas”, agregó la cancillería en su comunicado divulgado por el ministro Exterior, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.
Al menos 23 personas murieron ese fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas, según informes de prensa y activistas, mientras el gobierno se enfrentaba al escrutinio internacional por asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Brasil y Estados Unidos, hablando en el Consejo en Ginebra, expresaron su preocupación por lo que el encargado de negocios estadounidense, Mark Cassayre, denominó la “masacre” en La Vega.
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Los investigadores independientes dijeron en septiembre pasado que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
