De los 71 mil solicitantes de asilo que Estados Unidos envió a México para que esperaran sus procesos desde 2019, la mitad perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias, reportó la organización Human Rights Watch (HRW).
La organización internacional indicó en su informe “México: abusos contra solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos”, que muchos solicitantes de asilo no se presentaron a las citas en los tribunales porque fueron secuestradas en México.
Otros fueron trasladados al sur del país por el gobierno mexicano, por lo que estaban muy lejos de donde estaba su audiencia.
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De acuerdo con HRW, los solicitantes de asilo sufrieron violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos.
Para el informe publicado este viernes, la organización entrevistó 71 venezolanos que pidieron asilo a Estados Unidos y fueron enviados a México a esperar sus audiencias.
Las personas entrevistadas por la organización, que en su mayoría viajaba en familia, señalaron que tenían miedo de denunciar delitos y abusos sufridos en México a las autoridades mexicanas.
Casi la mitad de los entrevistados indicó que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México. En 16 casos, los solicitantes de asilo señalaron a agentes de migración o policías mexicanos como autores de esas extorsiones.
De acuerdo con los testimonios, los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno.
Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los cárteles si no pagaban.
“No entiendo quién es un criminal y quién es la ley”, dijo uno de los entrevistados a HRW.
En 27 casos, los solicitantes de asilo indicaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobús, hoteles u otros lugares en ciudades fronterizas.
Para liberarlos, los criminales exigían cientos o miles de dólares a modo de rescate o a cambio de protección.
Los entrevistados afirmaron que a menudo los agresores los identificaban inspeccionando los documentos de identidad o migratorios que llevaban consigo, pero en otros casos, los agresores ya tenían su fotografía o identificaban a una persona entre una multitud.
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También refirieron que con frecuencia no podían obtener los documentos que necesitaban para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela, aunque se suponía que estas garantías eran parte del programa Quédate en México.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden debe asegurar que los solicitantes de asilo cuyos casos fueron desechados injustamente mientras estaban en México tengan un procesamiento.
Por su parte, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno mexicano deben de garantizar que los solicitantes que esperan todavía en la frontera reciban atención médica, educación y puedan trabajar.
“Ante los pasos positivos que está dando el Presidente Biden para revertir algunas de las políticas migratorias más abusivas del gobierno de Trump, al Presidente López Obrador le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes”, aseveró.
