La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica demuestra claramente un ataque a la libre competencia en el sector de la producción energética, consideró este jueves Eduardo Pérez Motta, expresidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Durante su participación el foro Electricidad para el Futuro de México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el experto mencionó que esta reforma de ley implica discriminación a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero en contra de los productores privados.
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“Esto implica que un 84 u 85% de la generación de energía existente podría ser adquirida por medios no competitivos”, lamentó el expresidente de la Cofece.
Explicó que con la reforma a la ley eléctrica se modifica el sistema de subastas, “que es un proceso competitivo”. La iniciativa, agregó, permite que se pueda adquirir la energía mediante otros métodos que no garantizarían los mejores precios.
Eduardo Pérez Motta agregó que “esto implicará que los subsidios y las tarifas de la energía eléctrica aumentarán, en detrimento de los mexicanos”.
Explicó que la ley eléctrica otorgará ventajas de producción exclusivas a la CFE, en perjuicio de las plantas más eficientes y “desplazando indiscriminadamente a los competidores de la misma comisión”.
Con la iniciativa, agregó Pérez Motta, se le da una absoluta discrecionalidad al Cenace (Comisión Nacional de Control de Energía). “Esto va a generar una gran incertidumbre y es también una gran discriminación en contra de los productores privados”, señaló.
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“Esto es lo que hace que la reforma sea incongruente con la esencia y con el texto de la Constitución”, lamentó.
Las consecuencias ambientales
Monsterrat Ramiro, extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dijo en su intervención que, con la nueva ley eléctrica, se llegue a un punto donde “la CFE pueda despachar las plantas térmicas que tiene, con sus deficiencias, con la consecuencia ambiental”.
“A mí me parece que los mercados financieros cada día están más involucrados en las consecuencias ambientales (…) los costos, con esta estructura que se presenta, van a ser mayores”, expresó.
Valera Moy, directora general del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dijo que esto sólo va a representar una pérdida en la competitividad y auguró un “grave daño a las finanzas públicas”.
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Comentó que en la ley eléctrica “no hay un ángulo positivo, ya que es una decisión política. No busca ni el bienestar de los mexicanos ni la mejora al medio ambiente”.
“Será nocivo para el medio ambiente y, en ese sentido, será nocivo para nosotros, simplemente en el aire que respiramos y eso no lo podemos negar”, puntualizó Moy.
