Durante el actual proceso electoral, el 76% del total de políticos asesinados pertenecían a partidos contrarios al instituto político que gobierna en la entidad y el 87% de estos crímenes ha ocurrido en el ámbito municipal, según el registro de la agencia de riesgos Etellekt.
“Esto nos habla de que hay un patrón de violencia en donde hay un mayor riesgo para quien aspira a un cargo de elección, no sólo en el ámbito municipal, sino cuando compites en un partido opositor”, señaló el director de Etellekt, Rubén Salazar.
Te puede interesar: Secretaría de Seguridad acepta que crimen organizado impone candidatos en 7 estados
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reportó este jueves en la conferencia matutina presidencial que de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se cometieron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, de los cuales 64 fueron víctimas de homicidio, cifra incluso superior a la que tenía registrada Etellekt en su último corte: 52 políticos asesinados, de los cuales al menos 12 eran aspirantes a un puesto de elección.
“Nunca antes en la historia había habido una cifra tan alta de candidatos y aspirantes asesinados, jamás en la historia. De hecho la elección más violenta había sido la del 2015. Nosotros tenemos un registro de siete aspirantes asesinados en aquella elección”, explicó Salazar.
En víspera de presentar la próxima semana su más reciente reporte sobre “Violencia política” en el país, el directivo de Etellekt explicó que han hallado algunos elementos en sus análisis.
El primero —indicó— es que 87% de las víctimas son actores políticos del ámbito municipal, tanto autoridades electas como militantes que aspiran a cargos de elección del ámbito local, sobre todo presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, incluidos militantes de comités directivos municipales.
El segundo término, prosiguió, es que 76% de las víctimas pertenecían a partidos políticos de oposición en relación a los gobernantes en turno. Expuso que es un tema crítico porque ello representa que ocho de cada diez víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales.
Se trata, dijo Salazar, de delitos del fuero común que tienen que ser investigados por las fiscalías de los estados, que “nosotros consideramos no son autónomas… porque finalmente son designados los fiscales por los gobernadores”. Además, alertó sobre los índices de impunidad, porque no hay avances en esas indagatorias.
