La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México pidió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) que avance en la investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
“El presente caso es una importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares de conformidad con los estándares internacionales y en consonancia con lo expresado públicamente por el propio presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
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De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo, esta petición se da en el contexto del caso en el tres víctimas de secuestro fallecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio pasado debido al uso letal de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El representante en México de la ONU-DH añadió que la gravedad de los hechos fueron corroboradas por las evidencias que se hicieron públicas, entre las que destaca un video grabado desde un vehículo militar donde se registró la orden de disparar contra una víctima herida.
También señaló que es urgente entregar a las familias de las víctimas “resultados confiables” de la investigación que garanticen el derecho a la verdad y a la justicia de los fallecidos.
Fernández-Maldonado expresó que las investigaciones de las autoridades civiles de investigación y juzgamiento debe ser complementada con la adopción de medidas por parte de la Sedena con el objeto de que evitar que las violaciones continúen.
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“La actuación inequívoca de las más altas autoridades militares al respecto y el anuncio de las medidas de no repetición implementadas es uno de los mecanismos de prevención más eficaces que se pueden adoptar”, afirmó.
En Tamaulipas también fueron asesinadas y calcinadas 19 personas en enero pasado, 16 de ellas fueron identificadas como migrantes guatemaltecos. Ante este caso fueron detenidos alrededor de una docena de policías estatales.
